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El exconsejero Santi Vila, que dimitió de su cargo el día antes de la declaración de independencia / EFE

Santi Vila y Lluís Puig tendrán que pagar por los 44 bienes de Sijena

Los exconsejeros de Cultura de la Generalitat deberán abonar fianzas de 216.000 y 88.000 euros, respectivamente, por su presunta desobediencia

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Los exconsejeros de Cultura de la Generalitat Santi Vila y Lluís Puig tendrán que pagar las fianzas de 216.000 y 88.000 euros, respectivamente, en la causa judicial por su presunta desobediencia al negarse a devolver 44 bienes del Real Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) depositados en el Museu de Lleida y que el Gobierno de Aragón recuperó en 2017. Vila está acusado, asimismo, de usurpación de atribuciones judiciales.

Así lo ha acordado la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huesca, Marina Rodríguez, en sendos autos fechados el 8 de enero, después de que las defensas de los exconsejeros solicitaran, el pasado 13 de diciembre de 2019, la reducción de ambas fianzas, recogidas en el auto de 5 de diciembre, en el que la jueza decretaba la apertura de juicio oral. En los autos hechos públicos este jueves, la titular del Juzgado oscense manifiesta que se mantienen las fianzas al desestimarse los recursos.

"Cumplimiento de la ley"

En los autos, la jueza señala que las fianzas establecidas se limitan a "dar cumplimiento a lo establecido en la ley procesal, teniendo en cuenta las acusaciones formuladas y sin perjuicio del resultado final del juicio oral".

En el caso del recurso de Vila, la jueza desestima también el incidente de nulidad interpuesto por su defensa, que lo ha fundamentado en "la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías sin indefensión". A su juicio, el auto del 5 de diciembre de apertura del juicio oral "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa y al juez predeterminado por la ley".

Al respecto, el abogado Jorge Español, en representación del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca), había solicitado que se desestimara el incidente de nulidad solicitado por la defensa de Vila, considerando que debería tramitarse en las cuestiones previas.

Nulidad de las compras

Los hechos por los que serán juzgados Vila y Puig tienen su origen en la sentencia dictada el 8 de abril de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca, que decretaba la nulidad de pleno derecho de las compraventas realizadas por la Generalitat de Cataluña entre 1983 y 1992 y por el Museu Nacional d'Art de Catalunya en 1994 declarando que la propiedad de los bienes objeto de tales contratos correspondía a la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena.

Posteriormente, el 11 de junio de 2015, el mismo juzgado decretaba la ejecución provisional de la sentencia, requiriendo el traslado inmediato y efectivo de los 44 bienes pertenecientes al Monasterio de Sijena.

Tras la resolución de los varios recursos interpuestos, con fecha 18 de abril de 2017, según expresa el Ministerio Fiscal en su calificación provisional, el entonces consejero de cultura, Santi Vila, dictó una orden por la que no se autorizaba la disgregación de las piezas que restaban en el Museo de Lérida y por tanto no se autorizaba la salida de los 44 bienes al Monasterio de Sijena.

Penas reclamadas

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena solicita para Santi Vila, por el delito de desobediencia, una pena de 11 meses de multa a razón de 300 euros diarios --99.000 euros-- con la responsabilidad personal prevista en caso de insolvencia o impago e inhabilitación especial para empleo o cargo público (nacional y europeo) por un periodo de dos años.

Además, por el delito de usurpación de atribuciones judiciales reclama una pena de 11 meses de prisión, multa de siete meses a razón de 300 euros diarios --63.000 euros-- con la responsabilidad personal prevista en caso de insolvencia o impago y suspensión para empleo o cargo público (nacional y europeo) por un período de dos años y nueve meses.

Para Lluís Puig, por el delito de desobediencia, solicitó una pena de 11 meses de multa a razón de 200 euros diarios --66.000 euros-- e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de dos años.

En cuanto a la responsabilidad civil derivada del delito, el consistorio pide que ambos exconsejeros paguen de forma solidaria los gastos producidos al Gobierno de Aragón para rescatar, embalar y transportar las 44 piezas desde el Museu de Lleida al Real Monasterio de Sijena.

Por su parte, el Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, considera que los hechos son constitutivos de un delito de desobediencia y pide para ambos acusados una pena de multa de 5.940 euros --11 meses de multa con una cuota diaria de 18 euros--.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que ambos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Diputación General de Aragón con la cantidad en que sea tasado el importe total al que hubo de hacer frente como consecuencia del traslado de los bienes.