Sánchez reforma la ley de alquileres del PP para frenar la escalada de precios

El Gobierno español ha desbloqueado la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) aprobada en 2013 por el PP y que reducía de cinco a tres años el período mínimo de los contratos. De esta forma, el presidente Pedro Sánchez pretende frenar la escalada de precios de los alquileres.

Así lo ha anunciado el líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, quien ha comparecido en el Parlament para explicar las iniciativas de su partido en materia de vivienda, que pasa por la elaboración de un censo de pisos vacíos de grandes tenedores (bancos).

Collboni, que ha comparecido en el Parlament junto a varios cargos municipales, ha aludido a la escalada de los precios de los pisos de alquiler en las grandes y medianas ciudades del entorno metropolitano, que "comienza a tener consecuencias muy nefastas. Pedimos que el Gobierno y la Generalitat se pongan las pilas en materia de vivienda". En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo socialista ha desbloqueado la reforma de la LAU para volver a los cinco años mínimos de contrato exigidos anteriormente y reducir una movilidad que contribuía a la especulación.

Volver a los cinco años de contrato

"La primera modificación, de 3 a 5 años, ya está en curso. El cambio, si hay mayoría parlamentaria, se podrá hacer de forma inmediata. Y podremos comenzar a respirar un poco”. El concejal socialista ha pedido a la Generalitat que “haga de gobierno y gobierne, que tenga en cuenta a los grandes aliados que son los municipios en esta materia”.

De ahí la proposición de resolución sobre la ocupación de viviendas en Cataluña presentada por el PSC y que contempla la elaboración de un censo de pisos vacíos, que controlaría la policía, para exigir su puesta en circulación. Una medida dirigida principalmente a los grandes tenedores (entidades bancarias), para que regularicen la situación de esos pisos mediante contratos de alquiler social para las personas vulnerables, y que según el PSC debería desarrollar la capacidad sancionadora que contempla la ley de la vivienda de 2007.