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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / EP

Sánchez rechaza recurrir la ley de alquileres para aplazar la bronca con la Generalitat y Podemos

Ábalos quiere impulsar una nueva normativa de vivienda cuando la situación se normalice tras la pandemia

5 min

Una doble estrategia, pero con un mismo objetivo. El Gobierno que preside Pedro Sánchez no quiere más broncas antes de las elecciones catalanas ni líos internos con Unidas Podemos en el seno del Gobierno. La orden del Ejecutivo es evitar un enfrentamiento ahora con la Generalitat que no conduciría a nada. Y por ello, rechaza recurrir la ley que limita los precios de los alquileres, aprobada por el Parlament, una medida de carácter social que Junts per Catalunya y ERC sacaron adelante sabiendo que podía acabar anulada por el Tribunal Constitucional. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, lo tiene claro: la ley no le gusta, pero no la recurrirá ahora.

El hecho de recurrirla ante el Constitucional implicaría la suspensión inmediata de la ley, que concitó un rechazo generalizado por parte de las patronales y de los expertos, que consideran que la medida no limitará en la práctica los precios de los alquileres y tendrá un efecto contraproducente, con una retirada de los inversores. Miembros del Gobierno lo han trasladado a distintos empresarios, y no se recurirrá, porque la intención es evitar ahora una bronca con la Generalitat, e impulsar en los próximos meses una ley de vivienda que incluya una medida similar.

Encaje jurídico

Con ello afronta dos problemas a la vez, ante el Govern de la Generalitat y frente a Unidas Podemos, que quería introducir ya en los presupuestos del próximo año esa limitación de los alquileres. El ministro Ábalos es consciente de que esa medida la acordó el PSOE con el partido de Pablo Iglesias, pero pide más tiempo. Lo señalo este lunes, al asegurar que “el momento más adecuado es cuando se despejen todas las incertidumbres del mercado de la vivienda. Y el encaje jurídico que entendemos más adecuado es la ley estatal de vivienda”.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en una comparecencia en Ferraz / EFE
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en una comparecencia en Ferraz / EFE

¿Qué ocurre? El argumento del Gobierno es que la situación de la pandemia ha distorsionado los precios o los puede modificar en los próximos meses, y ante eso es mejor esperar. “Sería importante tener un análisis más adecuado del comportamiento del mercado para ver exactamente esta situación cómo se plantea”, añadió.

Evitar dar argumentos al independentismo

Para Unidas Podemos significará un nuevo trágala, o la aceptación de que un gobierno de coalición tiene sus propias limitaciones. Pero comprobará también que el ministro Ábalos no ha querido pisar el acelerador con un recurso contra la ley aprobada por el Parlamento catalán. A pocos meses de las elecciones catalanas, el Ejecutivo del PSOE no desea ofrecer argumentos a los independentistas, que querían con esa ley, como verbalizó el vicepresidente de la cámara catalana, Josep Costa, reflejar que el Gobierno impide cualquier legislación que impulse el Gobierno catalán, como si el Parlamento autonómico fuera “secuestrado”. Esa posición la ha expresado Ábalos al empresariado catalán, y la conoce, de hecho, el propio consejero de Territorio, Damià Calvet, que tampoco ve con demasiada simpatía la propia ley, ya que Junts per Catalunya, su partido, presentó distintas enmiendas al texto.

Sin embargo, fueron los Comuns, la fuerza política aliada con Unidas Podemos, los que apoyaron la medida, junto a ERC, JxCat y la CUP. No habrá recurso al Constitucional, ni regulación a partir de los presupuestos del Estado para 2021. El ministro Ábalos se remite a una ley sobre la vivienda que no será inminente. Según Ábalos, el compromiso existe, pero ya se verá cuándo fructifica. “Ese es un compromiso que tenemos que cumplir. La cuestión es cuándo debemos cumplirlo”, según el ministro, que se da por satisfecho, por ahora, con la elaboración que hizo el Gobierno de un índice de precios de los alquileres en las zonas urbanas más tensionadas.

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