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El presidente Pedro Sánchez, en la sesión de control en el Congreso / EP

Sánchez intentará alargar el estado de alarma hasta julio con la argucia de Zapatero

El Gobierno utiliza el precedente de 2010, cuando el Congreso avaló prorrogarlo durante un mes, con la idea de completar las fases de la desescalada

8 min

Pedro Sánchez ha repetido en todas sus intervenciones de los sábados que pide prórrogas del estado de alarma cada 15 días, pero con la idea de que tenía otras posibilidades en la recámara. Obligado a dar cuentas en el Congreso, el presidente pretende ahora un aval a ese estado de alarma durante un mes. Y lo intentará impulsado por el precedente del Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010, durante la huelga de los controladores aéreos.

En aquel momento, el Ejecutivo, después de declarar el estado de alarma durante 15 días pidió, al finalizar el plazo, una prórroga de un mes, y el Congreso se la concedió en su sesión del 16 de diciembre de 2010, Un estado de alarma que finalizaría el 15 de enero de 2011.

¿Por qué Sánchez elige ahora ese camino? “El objetivo es completar la desescalada, y mientras se pueda, ese proceso se debe hacer mediante un estado de alarma, porque cualquier otra posibilidad no tendría garantías de éxito”, señala una fuente del entorno gubernamental. El acelerón de Sánchez se concretará en los próximos días, con la intención de que el Congreso apruebe su medida a mediados de la semana que viene, teniendo en cuenta que el estado de alarma vigente, --tras una cuarta prórroga--finalizará el 24 de mayo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firma el acuerdo por el que se prorrogan los ERTE hasta el 30 de junio / EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firma el acuerdo por el que se prorrogan los ERTE hasta el 30 de junio / EP

El fin de la reclusión social

La voluntad es recuperar apoyos parlamentarios, en especial a ERC, que no se quiere abandonar, y mimando a Ciudadanos, un partido que cobra una importancia vital para el Gobierno de coalición que preside Sánchez. La mirada está puesta en el 30 de junio, para poder, con apoyos distintos en el Congreso, completar el fin de la reclusión social y el inicio de una batalla para reconstruir económicamente el país.

Es la misma fecha que se ha fijado para la prórroga de los ERTE, tras el acuerdo entre los agentes sociales y el Ejecutivo, y en ese horizonte ya debería quedar claro qué se puede negociar en la Unión Europea y qué planes para abrir el turismo se habrían contemplado, algo de extrema necesidad para España.

¿Qué mayorías?

Sánchez tenía el precedente de Zapatero en sus planes, porque ha reiterado en todas sus comparecencias públicas que se sometía al Congreso para las prórrogas del estado de alarma cada 15 días. Lo que ocurrió en 2010 es sintomático de lo que pasa ahora de nuevo. El PP se abstuvo en la votación para alargar el decreto por un mes, con el voto en contra de ERC-ICV-IUM, y el apoyo de CiU, PNV y Coalición Canaria. El estado de alarma por un mes salió adelante con 180 votos a favor.

¿Pero en qué se basó aquella decisión? Con una huelga de controladores aéreos, y en el transcurso de una grave crisis económica, después de que Rodríguez Zapatero hubiera sacado adelante los decretos para recortar importantes partidas presupuestarias --obligado por la Unión Europea--, el Ejecutivo español decretó el estado de alarma, y, como marca la Constitución, por un tiempo de quince días. Posteriormente a esa primera declaración, si se pretendía prorrogar, era necesario que lo aprobara el Congreso.

La ley orgánica de 1981

Lo que hizo el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero es acogerse a la ley orgánica de 1981 que desarrollaba los estados de alarma, de excepción y de sitio, en la que se perfilaron los límites de esas decisiones. En el artículo sexto de la ley orgánica 4/1981 de 1 de junio se señala: “Uno. La declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. Dos. En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días. Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga”. Es decir, deja en manos del Congreso que avale o no lo que pida el Gobierno. En aquella ocasión autorizó el estado de alarma por un mes seguido.

El Gobierno ahora buscará los distintos apoyos para asegurarse ese plan. Mantiene para ello una relación fluida con el PNV, interesado en poder convocar elecciones, que podrían llegar en julio. Y ha comenzado una relación estrecha con Ciudadanos, tras una primera reunión telemática --este martes-- entre Pedro Sánchez e Inés Arrimadas.

La posición del PP

Esa geometría variable se comprobó este miércoles, con la convalidación de distintos decretos de la administración de Justicia, para agilizar todos los juicios pendientes, declarando hábil el mes de agosto. El Ejecutivo de Sánchez contó con el voto a favor del PNV y de ERC, los socios de la investidura, y, en cambio, Ciudadanos decidió votar en contra, aunque pudiera estar a favor del fondo de los decretos. Se trataba de hacer ver al Gobierno, como había señalado Arrimadas, que no ha establecido ningún acuerdo cerrado con Sánchez y que su partido irá votando en función de cada tema.

El debate que tuvo lugar en el Congreso en 2010 guarda similitudes con el actual clima de polarización y desconfianza. Entonces, la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría --que luego sería vicepresidenta del Gobierno con Mariano Rajoy-- definía su posición sobre la prórroga del estado de alarma: “No nos opondremos, pero no podemos respaldarlo de ninguna manera. Nos obligan a elegir entre lo malo y lo peor”. El Gobierno, señalaba, “no se ocupa de los problemas hasta que le desbordan” y se muta en “autoritario para disimular su falta de autoridad”.

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