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Los políticos presos del 'procés' Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull, en una de sus salidas de la prisión de Lledoners con permiso de la Justicia / EP

Romeva y Junqueras recurren la suspensión de su tercer grado

Alegan los dos condenados por el 'procés' que la juez "se extralimita" en cuanto a las peticiones de la Fiscalía y vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva

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La defensa Oriol Junqueras y Raül Romeva han presentado un recurso de reforma contra la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de mantener la vigencia de la suspensión del tercer grado hasta que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie sobre los recursos de apelación.

Según el documento al que ha accedido Crónica Global, los abogados de los dos políticos presos recurren la suspensión del tercer grado “por entender la misma no ajustada a derecho y por no existir amparo jurídico”. La defensa de Romeva y Junqueras también entienden que se confunden las “fases procesales” así como el objeto de los recursos interpuestos, puesto que el “recurso interpuesto pendiente de resolver lo es en materia de suspensión del tercer grado cuando “se interpone un recurso de alzada contra una resolución administrativa”.

Fallos de la Fiscalía

En la documentación enviada a los juzgados, la defensa afirma que la juez "se extralimita en cuanto a las peticiones de las partes y, muy en concreto, a la petición de la Fiscalía" de mantenerlos en la cárcel a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva.

Por otra parte, la defensa de los políticos presos entienden que la Fiscalía  "en ningún caso solicitó que esta suspensión fuera sine die a la espera de posibles actuaciones judiciales que pudieran surgir en el futuro".

Esperan respuesta

"Por lo tanto, no habiendo solicitado la parte recurrente ese expreso pronunciamiento, no puede ser resuelto en el auto por extralimitarse en el contenido de una petición que nunca ha existido", comunican los abogados encargados de llevar la defensa a los líderes independentistas.

Además, la defensa sostiene que "condicionar la resolución de un recurso previo a la libertad legítima" de los representantes vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de los encarcelados.