Los partidarios de la monarquía y los de la república mantienen desde hace años un empate técnico. Para celebrar el 14 de abril, aniversario de la proclamación de la II República, Electomania divulgó el estado actual del pulso, concediendo medio punto de ventaja a los monárquicos frente a los republicanos: 47,5% a 47%. Hace un mes, los partidarios de mantener el reino perdían por dos puntos (48,8 a 46,8) y hace dos años los que estaban en desventaja por dos puntos eran los defensores del régimen republicano. Habría partido, de jugarse. Lo que no ha habido en España es un debate serio sobre la cuestión. 

El debate entre monarquía y república se evitó cuando debía hacerse, cuando estaba todo por escribir, en 1978. Socialistas y comunistas renunciaron a convertir esta cuestión en el centro de la disputa constitucional, en beneficio del consenso definitorio de la Transición. Así, la Carta Magna avaló, sin prácticamente discusión, la continuidad de la Corona, en la persona de Juan Carlos I, proclamado rey a los dos días del fallecimiento del dictador. Al definir España como una monarquía parlamentaria no solo se inclinó la balanza a favor de esta opción, también se condicionó seriamente una eventual alternativa republicana, ligada a partir de entonces a una reforma de la Constitución, de procedimiento complejo, exigido de mayorías cualificadas y seguidas de un referéndum.

Durante estas décadas, la disyuntiva institucional ha sido un guadiana de la actualidad, ligada a las sospechas de corrupción de la casa real o al recordatorio de la bendición franquista de la que gozó el rey cuando era príncipe. Nada del otro mundo, sería fácil identificar presidentes de república atenazados por acusaciones de corrupción o monarquías europeas perseguidas por la sombra de su papel poco brillante en tiempos del nazismo. Últimamente, la polémica se ha centrado en el privilegio de inmunidad reconocido al soberano en el trono y ampliado al soberano jubilado sobre el que recaen diversas denuncias de comisionista real. Estos factores tendrán su peso, pero no parecen los únicos que contemplar.

El debate en profundidad sobre ventajas e inconvenientes de cada una de las fórmulas está por hacer y una de las cuestiones que reflexionar será la posibilidad de conjugar una monarquía parlamentaria con el máximo respeto a los valores republicanos nacidos de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los estudios al respecto apuntan a que la calidad de la democracia en las diversas monarquías parlamentarias europeas es perfectamente equiparable a la imperante en las repúblicas; no debería pues asustar la apertura del debate, no sería el régimen democrático lo que estaría en juego sino la definición de los instrumentos de representación del estado. Que no es poca cosa.

De la encuesta mencionada, destaca el apoyo a la convocatoria de un referéndum sobre este asunto. Un 62,3% está a favor de su celebración. Entre los votantes del PSOE, este porcentaje se eleva al 88,3% y en los de Unidos Podemos al 98,9%, mientras que entre los electores de PP y Vox baja al 22%. La dificultad de este referéndum es prácticamente la misma que existe para la consulta independentista. La doctrina vigente del Tribunal Constitucional niega la posibilidad de plantear a los ciudadanos preguntas cuyas respuestas vinculantes puedan contrariar el texto de la Constitución. Primero, dicen los magistrados, habría que modificar los artículos correspondientes para abrirlos a otras opciones, en este caso el que define España como monarquía, y en el otro, el que proclama la unidad del estado. Hay muchos juristas que no comparten esta interpretación, pero ninguno es miembro del TC y el TC es muy celoso de su papel de guardián de las esencias constitucionales.  

Un referéndum específico para decidir entre república o monarquía, de ser posible, sería lo ideal. La convocatoria permitiría un debate directo, transparente y seguramente apasionado sobre el fondo de la cuestión. Además, cumpliría con un reto histórico pendiente dado que la proclamación de la II República fue consecuencia de la extrapolación del resultado de unas elecciones municipales ganadas por los partidos republicanos frente al bloque monárquico. De todas maneras, esta eventualidad se antoja complicada de no mediar cambio en la doctrina constitucional.

El dilema monarquía-república parece pues condenado a ser tratado en una reforma constitucional, fruto de una negociación entre partidos en la que, muy probablemente, se discutirían otros aspectos susceptibles de ser reconsiderados, desde la organización territorial a diversos derechos sociales. Un pacto que, de materializarse, debería ser avalado por un referéndum en el que no se podría diferenciar el sí o el no entre los diferentes artículos modificados. Se aceptaría o se rechazaría el global de la reforma.

Las expectativas de la reforma son mínimas a fecha de hoy, y aun en el caso de existir voluntad de enfrentarla, es imaginable que la cuestión catalana y el futuro de la monarquía impidieran justamente el consenso entre PSOE y PP. Y este acuerdo previo es imprescindible para alcanzar las dos terceras partes del voto del Congreso. El partido entre republicanos y monárquicos no tiene fecha de celebración.