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Clara Ponsatí y su abogado Aamer Anwar en una imagen de archivo en el Reino Unido / TWITTER

Reino Unido acepta tramitar la euroorden contra Ponsatí

El juez Llarena la completó este viernes acreditando que la exconsejera de la Generalitat conocía la ilegalidad del 1-O y que buscó alterar el orden constitucional

08.11.2019 19:54 h.
6 min

El abogado de la exconsejera de la Generalitat Clara Ponsatí, Aamer Anwar, ha informado este viernes de que la Agencia Nacional Contra la Delincuencia de Reino Unido ha aceptado tramitar la euroorden contra ella después de recibir las aclaraciones del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, por lo que la solicitud de extradición llegará a la justicia escocesa para ser resuelta.

El letrado ha explicado en un comunicado que Ponsatí, huida en Escocia desde la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017, comparecerá ante la policía de Edimburgo el próximo jueves 14 de noviembre para ser puesta a disposición del juez.

"Defenderemos firmemente a Clara del abuso de España del proceso de extradición y de cualquier intento de perseguirla por ejercer el mandato democrático del pueblo catalán", ha indicado su abogado. Anwar, asimismo, considera que el juez Pablo Llarena parece que esté "acusando a Clara de desobediencia en lugar de sedición" en sus aclaraciones remitidas a las autoridades británicas".

Los argumentos de Llarena

Llarena había enviado este mismo viernes al Reino Unido la información complementaria a la euroorden contra Ponsatí, tal y como le reclamaron esta misma semana las autoridades británicas. En su escrito, el magistrado acusa a la exdirigente del Gobierno catalán de haber actuado para "conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente".

El juez del Tribunal Supremo destaca en su informe que Ponsatí, junto al resto del Govern, dio pasos para facilitar la celebración del referéndum ilegal de independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017 "pese a conocer la ilegalidad y nulidad del proceso, que finalmente desembocó, tal y como se preveía, en actos violentos".

Llarena recuerda que Ponsatí, a la que reclama por sedición y que se encuentra en Escocia, era consejera de Enseñanza en ese momento y que, como tal, el 6 de septiembre de 2017 firmó el decreto por el que se convocaba el referéndum, pese a las resoluciones del Tribunal Constitucional que lo habían declarado nulo y que habían advertido a los miembros del Govern de las consecuencias penales si se continuaba con el procés.

Cesión de centros para la votación

El 29 de septiembre de 2017, añade, dio instrucciones para ceder el uso de los centros de enseñanza de Cataluña, que dependían de ella, para que fueran utilizados como colegios electorales el 1-O, y lo hizo también "con pleno conocimiento" de que el Constitucional había suspendido el decreto de convocatoria de la consulta.

Llarena destaca que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado además a las fuerzas policiales que procedieran al cierre de los centros de votación e impidieran el referéndum y que el 28 de septiembre los responsables de los Mossos habían alertado al Govern de que "era probable una escaldada de violencia con brotes importantes de enfrentamientos el día 1 de octubre, como finalmente ocurrió".

Desobediencia

En resumen, concluye, Ponsatí, en su condición de autoridad pública y en ejercicio de sus funciones en Cataluña, el 6 y el 29 de septiembre de 2017 "desobedeció las resoluciones y los requerimientos reiterados del Tribunal Constitucional del Reino de España, así como la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña" y tomó medidas para celebrar el referéndum.

"Todo ello con el objetivo de conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente", concluye el escrito, enviado en español y en inglés a través de SIRENE, el sistema por el que se comunican las órdenes de detención europeas.

"Forzar y obtener la independencia"

La nueva euroorden contra Ponsatí no ha estado exenta de polémica, ya que el pasado miércoles se informó de que las autoridades británicas la habían calificado de "desproporcionada", aunque después señalaron que había sido un error y que su objetivo era señalar que falta información esencial.

Llarena explica también a las autoridades británicas que el relato de los hechos que les envió en un primer momento son el plan seguido por el Gobierno de Cataluña y miembros de su Parlamento "para forzar y obtener la independencia".