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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; su vicepresidente, Oriol Junqueras; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; y el coordinador del Pacto por el Referéndum, Joan Ignasi Elena

“El referéndum es legal”: la respuesta a las medidas coercitivas del Gobierno

Los componentes del Pacto Nacional por el Referéndum aprueban un manifiesto donde no se habla de unilateralidad y revalida su apuesta por el diálogo con el Estado

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Los miembros del Pacto Nacional por el Referéndum han aprobado un manifiesto en el que no se habla de unilateralidad, pero sí de la legalidad de una votación cuyo rechazo por parte del Gobierno español, aseguran, es estrictamente “político”.

Este órgano se ha reunido por segunda vez después de su constitución el pasado 23 de diciembre, coincidiendo con el anuncio del plan del Ejecutivo para impedir el referéndum, que incluye medidas jurídicas y coercitivas, como precintar los colegios electorales.

El manifiesto dice que "somos una nación porque la mayoría de los catalanes así lo sienten”, ha explicado Joan Ignasi Elena, exdirigente del PSC que coordina el grupo promotor creado para ampliar los apoyos sociales a una consulta “que es legal y se puede celebrar”.

Buscar adhesiones

Elena ha explicado que los integrantes del Pacto han aprobado el manifiesto que la semana pasada se presentó, así como una serie de acciones que se resumen en dos ejes: buscar adhesiones “en Cataluña, España y el mundo”, y pedir reuniones a los partidos políticos y el Gobierno español porque “el diálogo es la esencia de la democracia”.

"Si el Gobierno no autoriza el referéndum es porque no quiere, no porque no se pueda hacer. Así lo han dicho varios constitucionalistas. La decisión de no dejar hacer el referéndum es política, no legal”.

El manifiesto no hace referencia a la vía unilateral y asegura que "el actual marco jurídico español permite convocar un referéndum en Cataluña acordado con el Estado". En este sentido, se insta a los gobiernos catalán y español “a superar las dificultades políticas y los apriorismos, y a lograr finalmente el acuerdo que establezca las condiciones y garantías justas y necesarias para la celebración de un referéndum reconocido por la comunidad internacional, cuyo resultado tendrá que ser políticamente vinculante y efectivo".

El texto reivindica la soberanía del Parlamento de Cataluña como la "institución democrática donde se manifiesta la voluntad popular del país", por lo que garantiza apoyo "a aquellas iniciativas y acuerdos que surjan para la articulación de este referéndum”.

Colau, de nuevo, presente

A la reunión ha asistido de nuevo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que en la anterior ocasión acaparó toda la atención mediática. La presencia de la dirigente comunera resulta fundamental para el Gobierno de Puigdemont, que pretende ampliar la base social de su proyecto secesionista. También estuvieron presentes las entidades secesionistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, asociaciones municipalistas, sindicatos y plataformas empresariales –Foment del Treball ha vuelto a ser la gran ausente--. Por parte de los partidos políticos han asistido ERC, PDECat, CSQP y CUP.

Por parte del Gobierno catalán también han intervenido el vicepresidente y consejero de Economía, Oriol Junqueras; la portavoz y consejera de Presidencia, Neus Munté; el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva; la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y el consejero de Justicia, Carles Mundó.

También han estado presentes el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Ambos afrontan sendos procesos judiciales relacionados con el proceso secesionista. El primero será juzgado este lunes por la organización de la consulta del 9N.