Los recortes de Colau llegan a los funcionarios

El equipo de gobierno municipal de Barcelona en Comú trata de 'racanear' 35 millones a 13.000 empleados públicos por la vía judicial

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, saluda a agentes de la Guardia Urbana, el cuerpo municipal de seguridad / CG
08.11.2018 00:00 h.
5 min

Los recortes de Ada Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona llegan a los funcionarios. El equipo de gobierno local de Barcelona en Comú (BComú) está tratando de racanear 35 millones de euros a empleados públicos, laborales y extrabajadores municipales jubilados por la vía judicial. Son los intereses adeudados a la plantilla correspondientes a los aumentos salariales de 2007 y 2008, que el sindicato Acción Sindical Independiente (ASI) ganó legítimamente en el Tribunal Supremo en abril.

Según ha podido saber este medio, el equipo de BComú ha presentado un incidente de ejecución de sentencia al Juzgado Contencioso-Administrativo número 14 de Barcelona. En el escrito, un letrado municipal presenta alegaciones contra el pago de los intereses de los atrasos. Argumenta el abogado que los reclamantes pelearon la deuda a título individual, por lo que solo corresponde abonar las cantidades a estas 13 personas. En otras palabras, liquidados los atrasos a todo el personal, el equipo de Colau quiere utilizar una treta legal para pagar los intereses de los mismos a 13 personas, y no a los 13.000 empleados municipales en activo o jubilados.

"No tienen dinero y lo aplazan"

Preguntado por la cuestión, el sindicato ASI ha recordado que el descuadre presupuestario del ayuntamiento para este ejercicio, que denunció el PSC antes de verano y valió una reprobación al gobierno municipal en julio por su mala gestión, impide ahora abonar la cantidad. "Es evidente que el gobierno municipal no tiene dinero para pagar. Cuando falló el Supremo en abril, dijeron que liquidarían la cantidad en diciembre. Ahora intentan dilatar el proceso para pasarlo al siguiente mandato. No tienen fondos ni para servicios sociales", han denunciado.

Gerardo Pisarello (d), primer teniente de alcalde y responsable económico del Ayuntamiento / CG

Gerardo Pisarello (d), primer teniente de alcalde y responsable económico del Ayuntamiento  / CG

Bajo el punto de vista de ASI, que ganó en el Supremo el pago de los intereses --el fallo confirmó una sentencia de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que dio la razón a los apelantes--, el gobierno de Ada Colau busca pagar "a unos cuantos y muy poco", en lugar de lo que "justamente se merecen los trabajadores municipales". Citan para ello las dos resoluciones ganadas en el TSJC y el Supremo, y afean el cambio de criterio del ayuntamiento sobre la cuestión. "En la última reunión en julio dijeron que pagarían. Ahora han cambiado. Ello tiene una explicación: la caja está vacía", remachan.

Ayuntamiento: "Ya se han abonado los atrasos"

En su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso este medio, el equipo de Barcelona en Comú defiende que ya ha abonado los atrasos correspondientes a las subidas salariales de 2007 y 2008 --que el gobierno municipal de entonces, comandado por Jordi Hereu (PSC), no avaló porque argumentó que los funcionarios locales cobraban otros pluses-- y expone que CCOO no apeló la interlocutoria de 2016, la última emitida por el juzgado contencioso antes de que el pulso se trasladara al TSJC. "Era la única representación sindical personada", señala el grupo de Colau.

En la misma línea, el letrado municipal recuerda que en una mesa general de negociación del Ayuntamiento de Barcelona en 2016, que zanjó el pago de los atrasos, "no cita en ningún momento la reclamación de intereses". Por ello, según el abogado que defiende a BComú "solo se podría beneficiar el personal que en ese momento trabajaba directamente para el ayuntamiento y el que prestaba servicios instrumentales vinculados al acuerdo de condiciones de trabajo y convenio colectivo". Lo que es más, de toda la plantilla --sigue el abogado--, solo los 13 apelantes tendrían derecho a cobrar.

Ello genera una deuda municipal de 6.516,84 euros con los empleados, en lugar de los 35 millones que corresponderían, según ASI, a todo el personal.

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