Rapapolvo al Govern por ocultar datos sobre una red de pornografía en centros de menores

La Consejería catalana de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia acaba de recibir un contundente correctivo por parte del órgano de la Generalitat encargado de velar por la transparencia y el derecho a acceder a la información pública. El Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) ha dado la razón a la diputada de Ciudadanos, Elisabet Valencia, a quien en repetidas ocasiones el Govern se negó a informar sobre las actuaciones administrativas llevadas a cabo en un caso de prostitución de menores que afectaba a centros tutelados por el citado departamento. Según el GAIP, la consejería debe facilitar esos datos, pues es posible hacerlo garantizando la privacidad de los implicados.

Los hechos se remontan a 2015, cuando se descubrió la existencia de una red dedicada a la pornografía infantil que afectaba a menores tutelados por la Generalitat en centros residencias de acción educativa CRAE (Centro Residencial de Acción Educativa) en Tortosa y Amposa.

Investigación judicial

El caso fue investigado judicialmente, pero el Departamento de Trabajo, Acción Social y Familia nunca explicó qué actuaciones se llevaron a cabo tras conocerse estos delitos ni si Ricard Calvo, entonces al frente de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), incurrió en algún tipo de negligencia. Calvo dimitió en 2017 tras descubrirse que había adjudicado contratos a empresas en las que había sido gerente. Uno de los centros implicados en ese caso de corrupción estaba vinculado a la empresa de Calvo.

En agosto de 2019, la diputada de Ciudadanos Elisabeth Valencia solicitó copia anonimizada del expediente de información reservada realizado por los servicios territoriales de la DGAIA. El consejero de Trabajo, Chakir El Homrani, respondió denegando el acceso a datos que “pueden afectar a los derechos de los menores, especialmente protegidos tanto por el ordenamiento jurídico interno como por la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas”.

El consejero, a cuyo departamento pertenece la DGAIA, alegó que el caso estaba sub judice y proporcionar el expediente podía atentar contra el principio de igualdad de las partes y contra el de tutela judicial efectiva. La diputada presentó una queja en la Mesa del Parlament, pero la Consejería volvió esgrimir los mismos argumentos.

La diputada de Ciutadans Elisabeth Valencia / CS

Ante esa falta de transparencia por parte de la Generalitat, Cs apeló al GAIP, que ahora ha dado la razón a la formación naranja. “En ningún caso se discute la prevalencia del interés superior del menor y la necesidad de preservar sus derechos, que debe ser compatible con la posibilidad de realizar por parte de la diputada su función de control y escrutinio de la actuación pública en la función de protección de los menores que están bajo su tutela”; así como “la posibilidad de tener la información adecuada para realizar la evaluación de los programas y sistemas de gestión y de atención dirigidos a menores y adolescentes en situación de desamparo”, afirma este órgano.

Precisa también que el objetivo del primer partido de la oposición es “conocer las actuaciones adoptadas desde la administración pública en tanto que responsable de la protección de los menores con la finalidad de determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que puedan resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros”.