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Ramon Tremosa, eurodiputado de CDC, en una intervención en el Parlamento Europeo / CG

Ramon Tremosa mete la pata con la economía colaborativa

El eurodiputado carga contra España por vetar a Cabify, cuando la Generalitat ha cerrado el paso a la 'app' de transporte

06.02.2017 00:00 h.
4 min

Metida de pata de Ramon Tremosa con la economía colaborativa. El eurodiputado de CDC cargó recientemente contra España en Bruselas por las trabas a Uber y Cabify. En una pregunta a la Comisión Europea, el parlamentario acusó al Gobierno de "prácticas anticompetitivas" por frenar a las dos apps de transporte. No obstante, Tremosa soslayó que su partido sí ha acudido a los tribunales para cortar el paso a Cabify.

La pregunta escrita de Tremosa a la Comisión se formuló el pasado 18 de enero y aún no ha sido contestada. El eurodiputado quería saber qué hará el Ejecutivo comunitario contra "las prácticas anticompetitivas en algunos estados miembros, como España".

Además, el electo soberanista preguntó qué se haría en Bruselas para defender "servicios cubiertos por la legislación de mercado único" o la agenda europea para la economía colaborativa, citando dos casos: Uber y Cabify.

La Generalitat cierra el paso a Cabify

El enfado de Tremosa soslaya un hecho: su propio partido ha llevado a Cabify a los tribunales en Cataluña. El gobierno de la Generalitat de CDC y ERC ha recurrido a la justicia para impedir conceder licencias de alquiler de vehículos con conductor, las llamadas VTC.

Estas habilitaciones son las que usa Cabify para operar en Barcelona.

Con la limitación actual de cerca de 800 títulos para toda la región, la app de transporte está ahogada.

Batalla judicial

"Estamos cumpliendo la ley estatal, simplemente. Entre 2009 y 2013 hubo un vacío legal en España con los permisos VTC. Ese año se actualizó la ley de transportes terrestres. Pero se generó otro vacío hasta 2015", ha explicado un portavoz de la Dirección General de Transportes de la Generalitat.

Ese hueco fue aprovechado por varios operadores para pedir más licencias. "Si se conceden estas habilitaciones, se superará la ratio de 1 vehículo de alquiler con conductor por cada 30 taxis. Esa regla es la que rige a nivel español", ha agregado el mismo representante.

Acción conjunta

Así, la Generalitat está denegando todas y cada una de las 3.000 solicitudes presentadas por los operadores privados. Éstos están recurriendo al Tribunal Superior de Justicia. Hasta el momento hay sentencias favorables a las dos partes.

No obstante, uno de los bufetes que colabora con la administración en defensa del sector del taxi, SBC Abogados, avanza que los procedimientos acabarán en el Tribunal Supremo.

"La proporción 1:30 se está vulnerando. Si se dieran estas licencias, se pervertiría aún más, ha aseverado una abogada del gabinete legal.

"Inseguridad jurídica"

Preguntado por la cuestión, Cabify ha negado haber solicitado más permisos.

Aun así, la empresa admite una "gran limitación" de autorizaciones VTC en España, y reconoce que necesita "un mayor número de licencias para seguir cumpliendo con las exigencias de nuestros usuarios".

En Barcelona, la competidora del taxi se ofrece para "definir una hoja de ruta que nos aporte seguridad jurídica y que configure un terreno que fomente una competencia sana entre las distintas opciones de movilidad".

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