Querella contra Rajoy y el TC por impedir la investidura de Puigdemont

La Associació Atenes de Juristes pels Drets Civils ha presentado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella criminal contra el expresidente Mariano Rajoy y los miembros de su último consejo de ministros por un delito de vulneración de derechos fundamentales de participación política, por impedir que Carles Puigdemont fuera investido presidente de la Generalitat tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017. La querella se hace extensiva al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas y otros diez altos magistrados por un delito de prevaricación judicial. La entidad pide una fianza "simbólica" de 4,39 millones, un euro por votante del 21D.

Según la asociación, los querellados participaron "alegando razones de Estado" en la definición y ejecución de "un plan para impedir la investidura de un candidato elegido democráticamente, conculcando de esta manera los derechos políticos y electorales reconocidos en el artículo 23.1 de la Constitución y en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por España en 1977".

Inviabilidad telemática

La querella, a la que ha tenido acceso Crónica Global y puede leerse en este enlace, expone que el 27 de enero de 2018 el Pleno del Constitucional dictó "un auto con medidas cautelares claramente injustas que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos y del candidato electo". Se refieren a la suspensión de cualquier sesión de investidura no presencial; imposibilidad de debatir y votar la investidura de Carles Puigdemont a través de medios telemáticos o representado por otro diputado; e inviabilidad de una investidura de Puigdemont sin autorización judicial "aunque hubiera comparecido personalmente en la Cámara, durante la vigencia de una orden judicial de búsqueda, captura e ingreso en prisión en su contra".

El escrito argumenta que la candidatura de Junts per Catalunya, constituida el 7 de noviembre de 2017 y encabezada por Puigdemont, "había concurrido legalmente a las elecciones sin oposición alguna ante la Junta Electoral Central por parte del Gobierno ni de ningún partido político y que los resultados electorales fueron proclamados y publicados en el BOE el día 12 de enero de 2018, sin que tampoco nadie los impugnara, quedando, en consecuencia, legalmente validados.

El dictamen del Consejo de Estado

Añaden los querellantes que el 25 de enero de 2018 el Consejo de Estado "había aprobado por unanimidad un dictamen que aun considerando impugnable una hipotética investidura telemática de Puigdemont, no veía motivos para considerar anticonstitucional la convocatoria de una sesión de investidura del candidato propuesto por el presidente del Parlamento catalán". A pesar de ello, el Consejo de Ministros del 26 de enero, ordenó a la Abogacía del Estado impugnar la nominación de Puigdemont, "a sabiendas de que con aquella decisión burlaban el resultado obtenido democráticamente en las urnas".

Atenes es una asociación fue constituida en marzo de 2018 y aglutina a "juristas comprometidos con la defensa de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y los colectivos de Cataluña".