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El 'expresident' de la Generalitat Carles Puigdemont y el 'exconseller' Toni Comín / EP

Puigdemont y Comín reclaman al Constitucional que suspenda las órdenes de sus detenciones

Defienden que son eurodiputados y, por lo tanto, gozan de inmunidad, por lo que califican de "irrazonable" esta situación

Gerard Mateo
6 min

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín reclaman al Tribunal Constitucional (TC) que suspenda las órdenes nacionales de búsqueda, captura y detención que el juez instructor del procés, Pablo Llarena, dictó contra ellos. Ambos se instalaron en Bélgica tras la proclamación de la DUI como medida para eludir la acción de la justicia española.

El ruego de Puigdemont llega por medio de su abogado, Gonzalo Boye, quien el 2 de enero presentó un recurso en el que calificaba la decisión de Llarena de "manifiestamente arbitraria". Y se produce ahora que tanto el expresident como el exconseller han sido proclamados eurodiputados y, por lo tanto, gozan de inmunidad parlamentaria. Por ello, piden la suspensión inmediata de estas órdenes.

La inmunidad de Junqueras

La defensa de los dos políticos fugados se sustenta en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció la inmunidad del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras desde que fue proclamado eurodiputado el 13 de junio de 2019. El Tribunal Supremo español, en cambio, sostiene que para aplicar este privilegio no basta su condición de europarlamentario electo, sino que es obligatorio haber adquirido la condición de eurodiputado, lo que no sucedió.

Y no sucedió porque, de haber entrado en España cuando se celebraron los comicios europeos, la policía hubiera detenido a Puigdemont y Comín, ya que pesan sobre ellos las mencionadas órdenes de búsqueda y captura. Por ello, no pudieron comparecer ante la Junta Electoral Central para realizar los trámites necesarios y recoger sus actas de diputados.

Decisión "irrazonable"

En esta línea, creen que la decisión de Llarena como la de la Sala de lo Penal del Supremo es "absolutamente arbitraria e irrazonable" porque vulneran varios de sus derechos fundamentales reconocidos tanto por la Constitución como por el Derecho de la Unión Europea.

Gonzalo Boye
Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y Toni Comín / EP

Asimismo, la defensa critica que el magistrado instructor no plantease entonces una cuestión prejudicial ante el TJUE para resolver la solicitud, por lo que insta ahora al TC a acudir al tribunal de Luxemburgo si tiene alguna duda al respecto. Y recuerda que tras la respuesta del TJUE sobre la situación de Junqueras, el Parlamento Europeo acreditó provisionalmente a los exdirigentes catalanes para que inicien los trámites y tomar posesión de sus escaños el 13 de enero.

Acusa al Supremo de generar una "anomalía democrática"

Por otro lado, Boye alega en su recurso de 46 páginas que sobre esta cuestión no existe jurisprudencia constitucional pues no ha habido un precedente que "analice un caso en que haya privado a cargos representativos elegidos por sufragio universal del ejercicio de los mismos mediante el mantenimiento de medidas restrictivas de su libertad personal previas a la elección".

A su juicio, se trata de un asunto de "especial trascendencia" por la "situación de anomalía democrática generada" por el Supremo. No solo por la "conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes; al derecho a la libertad deambulatoria, vinculada a la inmunidad parlamentaria"; sino también porque se plantea "una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social, que tiene consecuencias políticas generales".

Precedentes similares

No obstante, el abogado señala que el Supremo sí que tiene constancia de precedentes de situaciones similares por los que debía haber accedido a levantar la medida cautelar de prisión provisional como consecuencia de la proclamación como diputados al Parlamento Europeo.

Uno de ellos es de Ángel Alcalde Linares, quien se encontraba en prisión provisional a la espera de juicio cuando fue electo como diputado en 1989. Por ello, el Tribunal Supremo pidió el suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder juzgarle y acordó dejarle en libertad, recuerda la defensa.

El caso de Ruiz-Mateos

El otro precedente que destaca el recurso es de José María Ruiz-Mateos, quien en el momento de su proclamación como diputado al Parlamento Europeo estaba siendo juzgado. Por esta razón, dice el escrito, "se levantaron las medidas privativas de libertad que pesaban contra él, siguiendo, por cierto, el criterio del Ministerio Fiscal".

Agrega que en este caso concreto no fue el Tribunal Supremo quien levantó las órdenes de detención e ingreso en prisión, pero sí quien cursó la petición de suplicatorio al Parlamento Europeo. "Y ello en un momento posterior a la apertura del juicio oral, en contra de lo que ahora se pretende sostener", concluye.