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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto al vicepresidente Oriol Junqueras / EFE

Puigdemont pone a prueba su fábrica de independentistas

El Gobierno catalán plantea el referéndum como una segunda vuelta del fracasado plebiscito del 27-S, pero la encuesta de ‘El Español’ demuestra que el secesionismo social apenas ha crecido

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Dos años separan la frase del exdirigente de la CUP Antoni Baños “hemos perdido el plebiscito” de la pronunciada por el consejero de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull: “Si la solución del Estado son los tanques, hemos ganado”. Dos años en los que el Gobierno de Carles Puigdemont se ha esforzado en ampliar una base social independentista insuficiente, tal como se comprobó en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, planteadas como un plebiscito sobre el Estado propio.

De ahí que Junts pel Sí (coalición formada por PDeCAT y ERC) y la CUP renunciaran a declarar unilateralmente la secesión catalana y apostaran por un referéndum ausente de los programas electorales, a modo de segunda vuelta de aquella votación del 27-S.

La encuesta publicada este domingo por El Español demuestra que ese independentismo social es todavía insuficiente, que Cataluña está fracturada y que a Puigdemont solo le queda poner el acelerador en la agitación previa a la Diada del 11 de septiembre y a la fecha señalada para el referéndum, el 1 de octubre.

Esfuerzo propagandístico

Un referéndum es apoyado, según el mismo sondeo, por un 55% de catalanes, mientras que el 55,4% cree que se celebrará. En ese caso, se trata de cifras inferiores a otros barómetros donde la fatiga causada por el denominado procesismo aboca a muchos catalanes no independentista a desear que, de una vez por todas, acabe este errático proyecto separatista.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas aseguró en su día que la creación de un Estado propio tenía tres requisitos: ampliar la mayoría social, reconocimiento internacional y seguridad jurídica. Ninguna de esas condiciones se ha cumplido, pese al esfuerzo propagandístico del Gobierno de Puigdemont y a los peajes impuestos por la CUP, pagados a regañadientes por el PDeCAT ante el regodeo de ERC, la gran beneficiada de este errático proceso.

Participación

En definitiva, el Gobierno de Puigdemont intenta tomarse la revancha del fracasado plebiscito del 27-S en un referéndum donde, de llegar a celebrarse, será clave la participación. El sondeo de El Español a punta a un 68-71%, cifra más elevada que otras encuestas publicadas anteriormente, pero que puede verse alterada por muchos factores. El a la indepedencia ganaría con un 73%.

El Gobierno catalán no fija mínimos ni en el quorum ni en el resultado. Pero el temor a que la participación sea inferior a un 40%, es decir, más baja que en la consulta del 9N, ha llevado al Govern a radicalizar su discurso –“los tanques”— y a retrasar la tramitación de la ley del referéndum para hacer coincidir su impugnación por parte del Estado con las vísperas de la Diada. “Nadie en la comunidad internacional avalaría un referéndum con un 30% de participación donde el gane con un 80%”, explicaba a Crónica Global el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) Xavier Arbós. Es uno de los juristas que niegan la mayor: la posibilidad de crear una república catalana sin acuerdo, sin complicidad internacional y sin garantías jurídicas.