Puigdemont atribuye el informe que le vincula con Moscú a la "guerra sucia" del Estado

Carles Puigdemont culpa al Estado de la filtración del informe de la inteligencia europea, que le vincula con Moscú y anuncia, a través de un comunicado de la Oficina del expresidente, que "estudia acciones legales contra el Estado español" pues vincula esas informaciones con "su guerra sucia contra Cataluña".

El The New York Times ha accedido a documentos de la inteligencia europea que abonan la tesis de que el Kremlin colaboró con Puigdemont en la creación de Tsunami Democràtic.

"Las informaciones aparecidas tienen como fundamento un informe de la Guardia Civil que está lleno de falsedades, incongruencias e intoxicaciones. El único objetivo del informe es criminalizar y desprestigiar el independentismo catalán ante la comunidad internacional presentándolo como un elemento desestabilizador", afirma el expresident. Añade que "las filtraciones aparecidas se descontextualizan de la realidad. Existen muchos otros mensajes sobre situaciones políticas en otros países que se omiten intencionadamente, lo que es una manipulación que perjudica claramente el derecho a una información veraz y rigurosa. Mucho más si la única fuente posible de esta manipulación son autoridades españolas".

"Guerra sucia"

A juicio del fugado "la revelación de conversaciones privadas, que no tienen nada que ver con un delito, es un instrumento más de la guerra sucia que el Estado Español practica contra Cataluña, con el intento antidemocrático de liquidar un movimiento legítimo, legal y democrático y que cuenta con el 52% del voto popular en las últimas elecciones nacionales catalanas. Todas las actividades internacionales de la Oficina del presidente Puigdemont, así como también de su jefe de la Oficina, Josep Lluís Alay, y de su equipo jurídico, con Gonzalo Boye al frente, son perfectamente legales y tienen como objetivo contribuir a la resolución democrática del conflicto político entre Cataluña y España. Hacemos política menudo contra la acción ilícita de poderes del Estado que intentan aniquilar e intimidar una opción legítima".

Recuerda Puigdemont que el fiscal de Barcelona dirigió al Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona un escrito de 20 de julio donde pedía el archivo de esta investigación contra Alay "al considerarla una 'investigación prospectiva, vulneradora de los derechos y libertades más elementales de una sociedad democrática'".

El expresidente estudia emprender acciones legales en España, y en otros estados si es necesario, ante la posibilidad de que se haya cometido algún delito de revelación de secretos oficiales, ya que todas las evidencias señalan que la información ha llegado a algunos medios antes de que levantara el secreto de sumario".