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En el MWC de 2017 se anunció que la T-Mobilitat entraría en vigor a finales de año, no se cumplió / TMB

El PSC exige al Govern una auditoría tras el desastre de la T-Mobilitat

Los socialistas reclaman un informe sobre los sobrecostes de este sistema 'contactless', el motivo del retraso en la puesta en funcionamiento y las sanciones impuestas por incumplimiento de contrato

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PSC-Units exigen al Govern que haga una auditoría independiente de la T-Mobilitat, tras la caótica gestión de este sistema de títulos de transporte sin contacto, que acumula seis años de retraso, acumula cobrecostes de 37 millones y ha registrado una brecha de seguridad la puesta en marcha de su prueba piloto.

La puesta en marcha del sistema contactless tenía que arrancar en 2014, pero ha ido acumulando una serie de retrasos y de fallos en su puesta en funcionamiento que han obligado a la Generalitat a dar explicaciones.

De ahí la moción presentada hoy por el diputado de PSC-Units, Jordi Terrades, tras la interpelación que la semana pasada hizo al vicepresidente y consejero de Territorio, Jordi Puigneró, en el Parlament.

Jordi Terrades i Santacreu, número 13 del del PSC de Barcelona
Jordi Terrades, diputado del PSC de Barcelona

Los socialistas proponen en su moción garantizar la máxima fiabilidad y seguridad en el desarrollo tecnológico de la T-Mobilitat, y encargar una auditoría independiente para determinar cuáles han sido los problemas tecnológico que han impedido su puesta en funcionamiento en los plazos previstos y entregar sus conclusiones en el Parlament en un plazo máximo de seis meses”.

También solicitan que, antes de que finalice 2021, “un informe detallado de todos los contratos y costes de diseño” de este sistema, su estado actual, así como “las penalizaciones e indemnizaciones acordadas por incumplimientos de contrato”. En el informe se deberán adjuntar las auditorías de las cuentas anuales de la empresa SocMobilitat. PSC-Units quieren que la Autoridad del transporte Metropolitano y los operadores públicos que dependen de ella garanticen “que impulsarán la gestión de la tarjeta una vez sea operativa”, y aprobar en un plazo de seis meses, un nuevo sistema tarifario del transporte público, basado en kilómetros recorridos y recurrencias en el uso.