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La diputada y secretaria de Economía del PSC, Alícia Romero, en los pasillos del Parlamento de Cataluña / CG

El PSC exige explicaciones al Govern sobre la incompatibilidad de Canadell

Los socialistas recuerdan que las cámaras de comercio son corporaciones de derecho público cuya actuación debe ser independiente, lo que choca con la candidatura electoral del independentista

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PSC-Units ha presentado en el Parlament una batería de preguntas sobre la decisión de Joan Canadell de mantener un cargo en la Cámara de Comercio de Barcelona, que ahora preside, con su candidatura en Junts per Catalunya. La diputada Alícia Romero recuerda en su escrito que las cámaras son corporaciones de derecho público, lo que exige a sus responsables una actuación independiente y no condicionada por un conflicto de intereses. 

Como se sabe, el actual presidente de la Cámara de Barcelona anunció que formará parte de una candidatura electoral y que mientras tanto mantendrá el cargo de presidente de la entidad. Las Cámaras de Comercio, recuerda la socialista, son corporaciones de derecho público previstas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Corporaciones públicas

"En las Cámaras de Comercio se les aplica la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con respecto a el ejercicio de sus funciones públicas. Uno de los principios de actuación del buen gobierno es el de imparcialidad en la toma de decisiones, con garantía de las condiciones necesarias para la actuación independiente y no condicional por conflictos de intereses".

Además, actualmente está pendiente de tramitación una proposición de ley de Cámaras que afecta directamente la regulación de dos elementos controvertidos: su representatividad y su financiación.

Por ello, el PSC pregunta al Govern si aprecia "incompatibilidad o conflicto de intereses en esta situación en el que el presidente de la Cámara de Comercio formará parte de una candidatura electoral, manteniendo su cargo". Asimismo, la diputada recaba la opinión del Ejecutivo sobre si es ético que el presidente de la Cámara vaya en una candidatura electoral al Parlament, dentro de este contexto, conservando su condición de presidente o cualquier otra cargo de representación institucional.