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Chakir El Homrani, 'conseller' de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias / EFE

El PSC exige una Comisión de Crisis sobre la situación de los menores extranjeros

Reclama que la Fiscalía actúe ante los “actos delictivos puntuales” protagonizados por algunos MENA tutelados por la Generalitat

05.07.2019 13:59 h.
5 min

El Grupo Parlamentario PSC-Units per Avançar propone la convocatoria urgente de una Comisión de Crisis en el Parlament para abordar la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA), a raíz del asalto registrado en un centro de El Masnou (Barcelona).

Los socialistas condenan los “actos violentos, racistas y xenófobos” que tuvieron lugar ayer en el citado centro de emergencia, con 50 plazas para menores bajo protección de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) abierto desde el mes de septiembre de 2018. Unos actos que acabaron con cuatro heridos leves.

“Los y las socialistas consideramos que este tipo de ataques no tienen cabida en nuestra sociedad, caracterizada por su voluntad de acogida e integración. Cataluña se ha construido siempre desde la suma de ciudadanos llegados de todo el mundo, y ha demostrado de forma continuada su capacidad y voluntad de inclusión, haciendo de nuestras ciudades y pueblos espacios de convivencia pacífica e integradora”.

Varios ataques xenófobos

Sin embargo, el PSC afirma que “desde el inicio del año 2019 varios centros de menores tutelados por la Generalitat han sufrido ataques por parte de grupos xenófobos, por lo que pedimos a la justicia que actúe con contundencia ante estos hechos”.

“Del mismo modo –añaden-, pedimos que la Fiscalía de menores actúe ante los actos delictivos puntuales que hayan sido protagonizados por algunos menores tutelados por la Generalitat, dejando claro que estos no son representativos del colectivo de MENA que viven en Cataluña que , en su inmensa mayoría, siguen sin incidentes sus planes de acompañamiento e inclusión.

Las instrucciones del Parlament

Por otra parte, los socialistas instan al consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, que dé cumplimiento a la Moción 92 / XII del Parlamento de Cataluña, sobre el sistema de protección de la infancia y la adolescencia, que exige una coordinación entre los entes locales, entidades gestoras y la DGAIA para la instalación y seguimiento de los centros de menores en las ciudades y pueblos de Cataluña, así como el cumplimiento del protocolo para la prevención de agresiones aprobado en 2017, actualmente sin referente y sin asignación económica.

“El Govern ha demostrado en los últimos años su incapacidad para gestionar eficazmente la llegada de menores extranjeros no acompañados en Cataluña. La falta de coordinación y de presupuestos hace que a día de hoy no exista una planificación en el abordaje de este fenómeno. La DGAIA no dispone de planes de empleo y formación suficientes que aseguren una buena integración de los menores en nuestra sociedad, las plazas en centros de acogida son insuficientes y aquellos que están abiertos no reúnen a menudo las condiciones estructurales necesarias para dar una atención de calidad. Es necesario un nuevo modelo de acogida y de protección a la infancia en Cataluña”, afirman.

La negativa a reforzar la seguridad

El PSC ha expresado su sorpresa ante la negativa expresada en el Pleno del Parlament por parte de los partidos que dan apoyo al Gobierno, ERC y Junts per Catalunya, a la propuesta de incrementar la seguridad en los centros de acogida. “Denunciamos una vez más la inacción por parte del Departamento de Interior a la hora de incrementar el número de agentes de Mossos en ciudades que requieren de una mayor presencia policial, que vele por la seguridad del conjunto de la ciudadanía, un elemento capital para garantizar los espacios de convivencia en nuestras ciudades y pueblos”.

Por este motivo, el PSC pide al consejero El Homrani, que convoque urgentemente durante el mes de julio una Comisión de Crisis en la Cámara catalana, con la presencia de los grupos parlamentarios, de los alcaldes y con las consejerías de Interior y Justicia para buscar una acción concertada entre las diferentes instituciones y concretar los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios “que eviten nuevos episodios como los vividos en los últimos meses y que preocupan tanto al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña”.

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