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El expresidente catalán huido, Carles Puigdemont (c), sonríe ante una urna electoral en un acto independentista. 1-O / EFE

Protección de Datos archiva la investigación del 1-O

La Agencia congela las pesquisas por acceso ilegal al censo en Cataluña durante el referéndum ilegal porque no logra identificar quién fue el responsable

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Protección de Datos ha archivado la investigacón por acceso ilegal al censo electoral durante el referéndum ilícito de independencia en Cataluña del 1 de octubre de 2017. La Agencia (AEPD) ha congelado el procedimiento agregado por 77 denuncias de ciudadanos anónimos porque no ha podido determinar quién fue el responsable de vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

Según una resolución a la que ha tenido acceso este medio, la AEPD archiva las pesquisas iniciadas el 8 de septiembre de 2017 a raíz de la denuncia de un ciudadano de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Se le unirían 76 quejas formales más por presunta vulneración de la normativa de protección de datos hasta abril de 2018: desde el acceso al censo hasta la información para formar las mesas electorales, pasando por el llamado censo universal que rigió durante la jornada ilegal de votación. El fiscalizador se dirigió a la Autoridad Catalana de Protección de Datos (ACPD), pero el organismo autonómico jugó al despiste y se remitió a la investigación abierta por Fiscalía. Tras ello, la Agencia tuvo que archivar las pesquisas abiertas en 2017 ante la aprobación de a Ley de Referéndum en Cataluña.

"Nuevas actuaciones"

La investigación se reactivó este año. El ente que comanda Mar España atacó otro frente para lograr información relativa a si el Gobierno catalán había vulnerado la legislación vigente en materia de protección de datos con el referéndum ilegal del 1-O. El 10 de junio de este año, la AEPD se dirigió a la Secretaría de Estado de Seguridad para inquirir "ubicaciones físicas, URL y direcciones IP de los servidores web y la app" que permitió votar en algunos colegios durante la protesta independentista. La oficina que comanda Ana María Botella remitió a la Agencia al juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, el primero que incoó diligencias por la preparación y ejecución del procés.

No obstante, indica el organismo que el juzgado no respondió a las peticiones efectuadas. En este escenario y ante la imposibilidad de "identificar a las personas involucradas en las transferencias [de datos] anunciadas", la AEPD archiva la investigación con el fin de que no venza el plazo legal de actuación y tengan que concluir definitivamente. El sobreseimiento de estas actuaciones no es óbice para que la Agencia emprenda nuevas pesquisas con respecto a las "transferencias internacionales" de datos de ciudadanos.

Sanciones de hasta 600.000 euros

Cabe recordar que si la AEPD hubiera conseguido identificar al autor o autores del acceso al censo de votantes del referéndum ilegal, éste o éstos se hubieran arriesgado a encajar multas de hasta 600.000 euros. Para ello, el ente que comanda Mar España pidió información al Instituto Nacional de Estadística (INE), a la Agencia Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Ministerio de Sanidad. El objetivo era localizar la fuga de información que permitió montar un censo previo y mesas electorales el 1-O, y un censo universal después, cuando la intervención policial frustró parte de la consulta ilícita. En paralelo, la Agencia se dirigió al ente autonómico para cerciorarse de si la vulneración se había producido a nivel regional. Ambas actuaciones, a las que se amalgamaron las denuncias de 77 ciudadanos concernidos, han acabado --por ahora-- en nada.

Sí tuvo más suerte la AEPD en el pasado, cuando impidió que el Govern de Artur Mas accediera al censo sanitario para organizar la pseudoconsulta secesionista del 9 de noviembre de 2014, tal y como avanzó El Confidencial. Lo hizo el fiscalizador tras lograr la justicia que los ayuntamientos no cedieran el padrón municipal para la movilización separatista por iniciativa de un vecino de Cambrils (Tarragona), Alejandro Rusiñol. Ante ello, Mas tuvo que recurrir a la inscripción voluntaria de votantes. Con posterioridad a esa consulta, Protección de Datos multó con 440.000 euros a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural por una encuesta puerta a puerta sobre el simulacro de referéndum, que los independentistas llamaron gigaenquesta.