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El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont posa junto a sus cinco notificaciones judiciales / CG

Así es la prisión preventiva que el partido de Puigdemont quiso endurecer

El independentismo político e intelectual descubre y critica ahora una medida provisional que afecta a casi 10.000 reclusos y que CiU propuso ampliar a las faltas en 2003

03.03.2018 23:45 h.
8 min

Políticos independentistas, intelectuales, obispos catalanes, activistas… Todos ellos acaban de descubrir que existe la prisión provisional porque hay dirigentes del procés encarcelados. No son los únicos. Las últimas estadísticas judiciales indican que en las cárceles hay 9.380 presos preventivos. Una cifra que, según el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, supone una cifra baja en comparación con el total de población reclusa, 12,7%. Este porcentaje es inferior al de Cataluña, que tiene transferidas las competencias en prisiones, con un 13,5%.

Según este comité, la media europea es del 25,4%, índice superado por Holanda (43,4%), Suiza (39,6%), Italia (34,2%), Francia (27,3%) y Suecia (25,6%).

La regulación está bien hecha

Pero ¿está bien regulada la prisión provisional?. El catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera que esa medida carcelaria “está bien hecha, no presenta grandes diferencias con el resto de Europa. No es un país que abuse especialmente de la prisión provisional, aunque lo fue”.

Se refiere a los años ochenta, cuando se abusó de ella para hacer frente a la inseguridad ciudadana que provocaba el tráfico de drogas. Fue entonces cuando el concepto “alarma social” se convirtió en un cajón de sastre. Este requisito se suprimió en 2003 tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). “Otra cosa es cómo aplican los jueces la prisión provisional. Ahí entra el factor humano. No es fácil valorar el riesgo de fuga o la reiteración delictiva. Casi sería necesaria hacer una prueba neurocientífica para conocer las intenciones del imputado”, explica Nieva.

Adiós a la alarma social

En Francia, por ejemplo, todavía existe el supuesto de alarma social, un requisito “que era de uso habitual en la Alemania nazi, aunque no nació en ese país. En España se usaba antes”, explica el catedrático.

Niega que la prisión provisional tenga un “valor pedagógico” como afirman los defensores de que los dirigentes independentistas estén actualmente en prisión provisional. “Se trata del avance de una pena sobre una causa no juzgada. Por ello, la prisión preventiva debe ser la última solución y es preferible aplicar otras medidas alternativas”, afirma, tras considerar “exagerada” la permanencia en la cárcel de los querellados por el procés. Nieva cuestiona que se les pueda aplicar el delito de rebelión, pues no se demostrar la existencia de violencia.

Riesgo de reiteración independentista

Por el contrario, la abogado y exjuez María Jesús Hernández Elvira, la prisión provisional de los independentistas “está más que justificada, pues en los hechos cometidos se cumplen los requisitos que contempla la ley: gravedad de los hechos, susceptibles de condenada de larga duración y riesgo de reiteración”. A esta jurista le llama la atención el hecho de que los estatutos de los partidos políticos independentistas “solo contemplen la suspensión de militancia en casos de corrupción. Si cometen otros delitos, pues no pasa nada”. También subraya el hecho de que no se critique el paso por la prisión preventiva de inculpados por los casos de corrupción del PP.

“Ni son presos políticos ni España es una dictadura represora. España es un país muy garantista. Hay otros delincuentes en prisión preventiva y nadie dice nada. Si no están de acuerdo con esta medida, que vayan al Congreso e insten a modificar la LEC", asevera.

Extender la prisión provisional a las faltas

En este sentido, el abogado y expresidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Pere Lluís Huguet, recuerda que, en 2003, CiU votó junto a PP y Coalición Canaria la reforma de la prisión preventiva. PSOE e IU votaron en contra, mientras que Jueces para la Democracia advertía de que los cambios favorecían la generalización de la medida. “Es más, los nacionalistas presentaron una enmienda en la que proponían aplicar esa medida a las faltas. Por suerte, esta enmienda del partido al que pertenecía Carles Puigdemont no se aprobó.

“El Grupo Parlamentario Catalán pretende que se permita aplicar con toda la concreción y las garantías la prisión provisional a los supuestos de falta. Esto, que podría parecer una exageración a algunas de sus señorías, tiene una justificación muy decidida en el otro proyecto que estamos tramitando simultáneamente: el proyecto de ley en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. ¿Por qué? Porque ese es un proyecto que crea faltas con penas de delito”, según indica el diario de sesiones del Congreso del 26 de junio de 2003.

Un país garantista

Huguet coincide con Hernández Elvira en que España es un país garantista que solo aplica la prisión preventiva en casos de delitos graves –“ni siquiera a los casos de robo con fuerza se aplica”, afirma—y que da la opción de recurrir la medida ante la Audiencia correspondiente. “La igualdad de todos los españoles también incluye a los políticos. Implementar el mandato del referéndum del 1 de octubre, como defienden JxCAT y ERC, supone defender una declaración unilateral de independencia, que es un elemento esencial del delito de rebelión imputado”, asegura Huguet, quien considera que la famosa foto que se hizo Puigdemont en su despacho “riéndose de las cinco notificaciones judiciales recibidas, le habría obligado a dimitir en cualquier otro país”.

El abogado recurre también al derecho comparado para defender el sistema español de las acusaciones de totalitarismo. “Francia ha efectuado 4.457 registros sin orden judicial desde los atentados de París. En España no se ha hecho ninguno desde los atentados de Madrid. Además, según el ránking de The Economist, España está entre los 19 únicos países con democracia plena”.

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