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El diputado del PSC Raúl Moreno, muy crítico con la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía, en el Parlament / CG

"Las prisas de ERC han convertido la Renta Garantizada en un desastre"

De las 61.000 solicitudes recibidas, el Govern solo ha concedido 1.000, según denuncia el diputado del PSC Raúl Moreno, quien avisa de que personas sintecho y mujeres maltratadas son excluidas

27.04.2018 00:00 h.
11 min

Hace meses que Raúl Moreno, diputado del PSC en el Parlament, venía denunciando el "desastre" en que se ha convertido la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), el proyecto estrella del gobierno de Carles Puigdemont. Las cifras que manejaban las entidades sociales suplían la opacidad exhibida por la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa (ERC). Finalmente, el Govern ha admitido oficialmente que, de las 61.000 solicitudes recibidas para acceder a esta prestación --que entró en vigor el pasado septiembre y que oscila entre 564 y 1.062 euros mensuales--, solo ha concedido 1.000.

Pregunta. Supongo que las cifras oficiales dadas por el Govern no le han sorprendido…

—Respuesta. No es una sorpresa, nosotros habíamos contactado con entidades sociales que sí tenían la información. Sabíamos que la aplicación de la RGC era mínima, entre otras cosas porque se está haciendo una lectura muy restrictiva de la ley, que es bastante detallada en algunos temas.

Sabíamos que la situación era muy grave, pero aún así, las cifras que ofrece el Govern presentan una realidad mucho peor de lo que nosotros pensábamos. Solo 1.009 personas hayan visto resuelto su expediente, luego ya veremos si han cobrado o no. Esa cifra no llega ni al 10% de solicitudes

¿Qué problemas se han detectado?

—Primero hubo problemas de retrasos con las personas que pedían la cita previa. Han pasado cuatro o cinco meses y no han tenido respuesta. Problemas informáticos, problemas con la formación de los profesionales, personas a las que se ha pedido doblemente la documentación para alargar los plazos de resolución, resoluciones mal justificadas y fuera de los plazos que marca la ley... Sabíamos que la situación era muy grave, pero aún así, las cifras que ofrece el Govern presentan una realidad mucho peor de lo que nosotros pensábamos. A estas alturas de la película, solo 1.009 personas han visto resuelto su expediente, luego ya veremos si han cobrado o no. Esa cifra no llega ni al 10% de las personas que lo han pedido.

Entiendo que son personas que pedían la ayuda por primera vez, no las que ya tenían el PIRMI (Renta Mínima de Inserción)

—Son personas nuevas. A las que ya tenían el PIRMI se les concedió de forma automática, ahí no había problema de gestión. Sí los hay con aquellas personas que pensaban que esta ley podía cubrir sus necesidades y que, además de sufrir retrasos y papeleo, ven denegada la ayuda pese a encontrarse en grave peligro de exclusión social. Por ello, solo podemos denunciar la situación y pedir que la Generalitat sea transparente. A mí, el secretario general de la Consejería de Trabajo me negó la petición de los datos en una reunión con los grupos parlamentarios.

¿Qué alegan para no proporcionar esos datos?

—Alegan que la aplicación del artículo 155 no se lo permite, pero parece ser que sí les permite dar esos datos a periodistas como Mònica Terribas o a determinadas entidades sociales. Lo que no quieren es que los grupos parlamentarios sepamos el desastre que hay en la gestión de la RGC. Por eso intentan ocultar los datos al máximo.

¿Qué se puede hacer?

—Nosotros, en el pleno del Parlament previsto para el 3 de mayo, vamos a presentar propuestas de resolución para obtener los datos mensuales de evolución y que se publique un modelo de recurso contencioso-administrativo para aquellas personas que vean que no se han atendido a los derechos que tienen reconocidos por ley. Y esperamos que PDeCAT, ERC y CUP, como han hecho en otros ayuntamientos aprobando mociones, aprueben esa propuesta y tengamos más transparencia.

Pero la vía judicial condena a estas personas a sufrir años de espera, a pesar de estar en situación límite…

—Por eso nosotros hemos acudido al Síndic de Greuges. En febrero le pedimos que ponga a disposición de esos ciudadanos un informe sobre la aplicación de la RGC y que ayude a aquellas personas que decidan recurrir a la vía judicial. No solo por el coste y la paciencia, sino porque a veces se trata de personas que no entienden lo que supone un proceso judicial. La Comisión Promotora también está dando apoyo. Pero, insisto, un cumplimiento estricto de la ley hace que cualquier persona que el 15 de noviembre haya pedido la RGC y no tenga respuesta, por silencio administrativo, le debe ser concedida.

ERC decidió que, para llenar su hoja en blanco en políticas sociales y viendo que se acercaban las elecciones, quiso aprobar la RGC como fuera. Y encima se apropió de la ley, cuando en realidad es una Iniciativa Legislativa Popular 

La RGC fue el proyecto estrella de la anterior legislatura. ¿Es por tanto el gran fracaso del Govern en las políticas sociales?

—La Renta Garantizada es un gran logro desde el punto de vista de protección social, pero también de gestión, porque aglutina en una misma prestación diferentes ayudas que ya se estaban pagando. Ni siquiera es un problema presupuestario. Lo que ocurre es que aprobaron la ley en julio de 2017 y quisieron que entrara en vigor en septiembre. Nosotros ya advertimos de que era preferible ponerla en marcha en enero de 2018, previo proceso de formación de los profesionales, un programa informático adecuado y un mínimo sistema de información a las personas para que sepan si pueden acceder o no. Que quienes tengan pensiones mínimas o cobran por desempleo puedan complementarlas con la RGC. Eso no se ha hecho bien. ERC decidió que, para llenar su hoja en blanco en políticas sociales y viendo que se acercaban las elecciones, quiso aprobar la RGC como fuera. Y encima se apropió de la ley, cuando en realidad es una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que lleva años tramitándose. Luego se inventaron lo del 155 como el gran problema de la aplicación de la ley, cuando el secretario general de Trabajo ha admitido que no es así, que existe una colaboración importante del Estado para que se pueda pagar esa ley, que no ha sido recurrida. Lo mismo que se han pagado 1.000 prestaciones, se pueden pagar 10.000. El 155 aquí no tiene nada que ver.

¿Qué hará ERC en ese pleno? ¿Apoyará vuestra propuesta de resolución?

—Tengo dudas. Espero que sí. Es una propuesta que tendrá un cierto tono de crítica a la gestión hecha. No es para menos. Espero de ERC que por fin haga un ejercicio de transparencia y que le diga al gobierno que da apoyo, o a lo que queda de él, que, por favor, respete los derechos de los diputados y nos informe de cuál es la situación de la RGC. Y que vuelvan a la senda del sentido común. Nosotros hemos trabajado con ERC en anteriores gobiernos, sabemos que lo pueden hacer mejor. Pero la ERC de hoy no tiene nada que ver. Y también esperamos que JxCat se implique, porque hasta ahora no se ha interesado lo más mínimo por las miles de personas que están en exclusión social. Entre otras cosas porque, al no formar gobierno pese a tener mayoría parlamentaria para hacerlo, están condenado a esperar lo que ellos dicen “el reglamento”. Ahora dicen que hasta que no se desarrolle la ley mediante un reglamento, no se puede aplicar bien la Renta. Si se redactara mañana, tardaría 211 días en ser aprobado. Saben que no es verdad, porque otras leyes se han aplicado sin reglamento, simplemente con instrucciones precisas del departamento.

¿No hay excusa posible entonces para aplicar bien la RGC?

—No la hay. Ahora nos dicen que no se puede conceder a las personas sintecho. Hay un artículo de la ley que dice que quienes tienen un recurso residencial, no pueden tener acceso a la RGC. Cuando se redactó, se pensó en las personas de la tercera edad que estaban en residencias y tenían las necesidades básicas cubiertas. Pero todo el mundo entiende que a una persona sintecho que duerme en un albergue no le puedes negar esa ayuda. O una mujer víctima de violencia de género que está en una casa de acogida, también se le está negando. Con una interpretación amplia se le podía conceder. Pero es que, además, hay un artículo de la ley, el 7.3, según el cual a cualquier persona que no cumpla las condiciones, pero que esté en situación de exclusión social, se le puede conceder excepcionalmente. Si quieren, pueden. Pero intentan ahorrar todo lo que pueden.