Presupuestos o eterno bloqueo electoral en Cataluña

La cumbre hispano-francesa ha dejado en suspenso las negociaciones sobre los presupuestos de la Generalitat de 2023. PSC y ERC mantienen su pulso. Ninguno de los dos partidos quiere ser responsable de un hipotético fracaso en esa búsqueda de un acuerdo que evite prorrogar las cuentas.

Pero también son conscientes de que, sin acuerdo, Cataluña estaría abocada a otro adelanto electoral. E incluso a una repetición de esos nuevos comicios debido a una previsible situación de bloqueo derivada de mayorías parlamentarias insuficientes y de alianzas imposibles. A la improbable posibilidad de que ERC volviera a pactar con Junts per Catalunya (JxCat), formación que decidió salir del Govern y que cuestiona constantemente tanto la estrategia de diálogo con el Ejecutivo español como la legitimidad de Pere Aragonès para gobernar en solitario, se une otra entente igualmente complicada. La de Esquerra y los socialistas catalanes, que difícilmente apoyarían una investidura de Aragonès tras haber rechazado las cuentas de 2023.

¿Sociovergencia?

¿Sociovergencia entonces? La confrontación que mantiene el partido presidido por Laura Borràs complica ese pacto y las encuestas no auguran una mayoría suficiente que impida el veto del resto de partidos.

Un escenario, en definitiva, que complica una investidura y perpetúa el bloqueo electoral. En Cataluña, el último presidente de la Generalitat que ha agotado una legislatura fue José Montilla (2006-10).

Efectivamente, los sondeos colocan a ERC y PSC como las fuerzas que ocupan la centralidad catalana. De hecho, otorgan a ambos partidos un empate técnico si se celebraran de nuevo las elecciones autonómicas. Respecto a las elecciones municipales del próximo mayo, ambos partidos también se sitúan en cabeza en las principales ciudades, excepto en Girona, donde Junts se mantiene líder. Los republicanos quieren medir sus fuerzas con sus rivales secesionistas --gobernar la Diputación de Barcelona, ahora en manos de PSC y Junts, es decisivo para ERC--, lo que también puede ser determinante en ese nuevo adelanto electoral. Que Aragonès, con o sin presupuestos, aguante hasta 2024 es complicado.

"Poca predisposición"

Las negociaciones presupuestarias se reanudarán esta semana, con el proyecto de la B-40 (Cuarto Cinturón) que exigen los socialistas como principal escollo. Hay otros, como por ejemplo la fiscalidad pactada entre Aragonès y En Comú Podem, pues PSC considera que no es el momento de subir impuestos. O la moratoria en la creación de nuevas embajadas de la Generalitat exigida por la formación liderada por Salvador Illa, quien tiene el aval de Moncloa para mantener su "todo o nada".

Imagen de los terrenos donde se ubicará el Hard Rock de Tarragona / CG

Los republicanos se muestran ahora más flexibles con el  Centro Recreativo y Turístico de Vila-seca y Salou (Hard Rock) y con la ampliación del aeropuerto. Pero, de momento, el pulso se mantiene. Los socialistas acusan a ERC de alargar las negociaciones con la finalidad de culparles si, finalmente, no hay acuerdo. Por cortesía parlamentaria, PSC se aviene a un último intento: “Vemos muy difícil el acuerdo, vemos poca predisposición”. Por su parte, fuentes republicanas aseguran que “el PSC ha pasado de tender la mano a retirarla”.

Huelgas en sanidad y educación

Se da por hecho que, en caso de que fracasen las negociaciones, Aragonès se verá obligado a adelantar elecciones, pues la ley de presupuestos es la más importante de toda legislatura. Renunciar a un aumento de gasto de más de 3.000 millones de euros en un momento de recesión económica y con huelgas convocadas para esta misma semana en los ámbitos sanitario y educativo apuntala la imagen de debilidad de un Gobierno que ya se ha visto obligado a dar marcha atrás en algunos proyectos para evitar un revés parlamentario.

Este lunes, el president se reúne con sindicatos y patronales a modo de intento de presionar al PSC para que dé apoyo a las cuentas. No en vano, el pasado 5 de diciembre, el Govern se comprometió con los agentes sociales a incluir en los nuevos presupuestos medidas por valor de hasta 1.440 millones de euros. Entre ellas, algunas dirigidas a la protección social y al impulso de la ocupación y de la industria.