El abogado Jordi Pina, que ejerce la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, ve más cerca el indulto a los presos del procés tras el último informe de la Abogacía del Estado.
Así lo ha manifestado en una breve intervención en Catalunya Ràdio a la pregunta de si ve "más cerca" el indulto, y en la que ha valorado "positivamente" el informe de la Abogacía del Estado, que refleja que el perjuicio económico del referéndum ilegal de independencia ya está reparado.
El perjuicio económico, reparado
Según Pina, la Abogacía del Estado ha hecho "una cosa muy hábil", que es decir 'yo me mojo con el asunto de la malversación, que es lo que me corresponde', y devuelve la patata caliente al Gobierno. De hecho, el informe que ha remitido al Tribunal Supremo evita cualquier comentario sobre la concesión de los indultos, por considerar que es una decisión que compete al Ejecutivo, si bien el texto aclara que el "perjuicio económico" del 1-O estaría reparado.
El abogado valora este informe, aunque incide en que "ha tardado" porque "la incidencia política es evidente en este caso", y en medio han caído las elecciones catalanas. No obstante, celebra esta declaración de la Abogacía del Estado, "porque en cualquier expediente de indulto la opinión de la víctima es importante". En este caso, la víctima de la malversación es la Administración.
Malversación, pero no sedición
De cualquier modo, el informe se limita a analizar "exclusivamente" lo relativo al delito de malversación de caudales públicos por el que fueron condenados el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, sin mencionar las condenas por sedición que recayeron sobre ellos y otros cinco acusados (la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull, y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart).
"[La Abogacía del Estado] sabe que el daño está reparado, porque se depositaron 4,1 millones de euros" en el Tribunal de Cuentas, ha recordado Pina.
Después de las elecciones de Madrid
La fiscalía, por cierto, se opone a la concesión de la medida de gracia, debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación.
Y, en todo caso, Pina no espera que el Gobierno se pronuncie antes del 4 de mayo, fecha de las elecciones madrileñas: "Tienen una patata caliente desde diciembre del 2019 y van jugando con el escenario político, y llegará un día en el que se tendrán que poner".
