Los nueve acusados que están en prisión y que van a juicio: tres de ellos solicitan el aplazamiento / EUROPA PRESS

Los nueve acusados que están en prisión y que van a juicio: tres de ellos solicitan el aplazamiento / EUROPA PRESS

Política

Tres presos del 1-O piden un aplazamiento del juicio

Xavier Pina, letrado de Sànchez, Turull y Rull, asegura que necesita más tiempo para preparar la defensa y reclama los ordenadores de sus clientes

5 febrero, 2019 09:25

Xavier Pina, defensor de Jordi Sànchez, diputado de JxCat y expresidente de la ANC, y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, ha pedido suspender el juicio por el 1-O durante tres semanas para estudiar las pruebas aceptadas de cara al juicio.

El texto que ha entrado en el Tribunal Supremo alega que el plazo de tres semanas debe empezar a contar cuando la totalidad de los documentos lleguen a la Sala, para garantizar "el efectivo ejercicio de defensa" de sus representados y del resto de partes.

Los ordenadores de los presos

También alerta de que desde hace cuatro días se está impidiendo a los acusados el acceso a los ordenadores en cuyo disco duro tienen grabados el sumario, con miles de folios y archivos de vídeo, además de "abundantes documentos de trabajo confidenciales", ha señalado.

Elletrado ha recordado que el propio Tribunal Supremo lo autorizó en una providencia el 30 de enero, ya los usaban el centro penitenciario de Lledoners (Barcelona) y compraron los ordenadores estando privados de libertad.

No manipulados

"Son equipos que cumplen con todas las medidas de seguridad que la legislación penitenciaria exige", habiendo sido trasladados directamente de un centro penitenciario a otro y sin que terceras personas hayan podido manipularlos, apunta.

Pina explica que no se les ha facilitado la documentación de la causa en papel sino únicamente en forma digital, por lo que impedir que los acusados accedan a estos archivos informáticos a una semana del juicio "comporta una evidente y ya efectiva vulneración de su derecho de defensa".

También requiere a los responsables de la prisión de Soto del Real (Madrid), donde se encuentran ahora, "se abstengan de hacer cualquier tipo de manipulación" del material electrónico que contienen los ordenadores.