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Unas 3.000 personas se manifestaron ayer en el centro de Murcia contra la corrupción / EFE

El presidente de Murcia declara ante el juez por el 'caso Auditorio'

José Antonio Sánchez ha sido imputado por autorizar el pago de las obras de un edificio en Puerto Lumbreras que ni siquiera acabaron

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El presidente del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, declara a las 10.00 horas en calidad de investigado –imputado-- por el caso Auditorio, tras ser citado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), instructor del caso, Julián Pérez-Templado.

Las diligencias se refieren al proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de la sobras de dicho auditorio en Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de dicha localidad.

Todos los pagos

La alcaldía autorizó los pagos del auditorio pese a que su construcción incumplió claramente los términos del contrato concurso y a que, finalmente, no se terminó.

Pérez-Templado inicia así las diligencias en las que se investiga el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del auditorio por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

El pacto de investidura, roto

El caso ha generado una fuerte tensión entre el PP murciano y Ciudadanos, que le dio su apoyo para la investidura. Sánchez defiende su inocencia y considera que la cita de hoy le permitirá aclarar las sospechas, mientras que los de Albert Rivera afirmaron ya la semana pasada que dan por roto el pacto porque Sánchez no ha cumplido su palabra de dimitir si se le imputaba por este caso.

El PP apoya al presidente murciano y alega que ni es un caso de corrupción ni Sánchez está formalmente encausado, puesto que el término imputado desapareció con la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y los populares consideran que no deben exigirse dimisiones hasta que no llegue el auto de apertura de juicio oral.

El domingo tuvo lugar una manifestación en el centro de Murcia para protestar por los casos de corrupción en la comunidad --Auditorio, Púnica, Umbra, Novo Carthago y Guarderóa-- y para pedir la renuncia de Pedro Antonio Sánchez, implicado en los dos primeros casos.