El Prat, Sant Boi y Viladecans cargan contra el Govern por desoír el aviso de Europa en el Llobregat

Los alcaldes de los municipios barceloneses de El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat y Viladecans han cargado contra el Govern tras dos meses de inacción ante la alerta que la Comisión Europea dio a España para “evitar un mayor deterioro de delta del Llobregat”. Esta zona del área metropolitana de Barcelona se sitúa en un escenario en el que conviven poblaciones de más de 65.000 habitantes, espacio agrícola, reservas naturales protegidas e infraestructuras como el aeropuerto o el puerto.

El conseller de Territorio, Damià Calvet, anunció, poco después del aviso europeo, que la Generalitat, administración competente en la preservación de espacios naturales en el delta del Llobregat, ampliaría la zona especial de protección de aves y las reservas naturales tras el procedimiento de infracción contra España de la Comisión Europea, abierto el pasado 19 de febrero. No obstante, dos meses después este plan especial no ha llegado. Lluís Mijoler, alcalde de El Prat de Llobregat, ha calificado de “respuesta insuficiente” las palabras del titular de Territorio, asegurando que “todavía no hay respuesta oficial” por parte del Govern.

Financiación municipal y abandono del Govern

Los espacios naturales del delta del Llobregat, especialmente La Ricarda (El Prat de Llobregat) y el Remolar-Filipines (Viladecans), son competencia de la Generalitat, según ha recordado el alcalde de Viladecans, Carles Ruiz. Ha asegurado que “son el único sistema de espacios naturales que tiene financiación por parte de las autoridades municipales de Cataluña”, lo que supone que están siendo salvaguardados por los ayuntamientos en gran parte, aunque la protección deba darse con subvenciones procedentes del Govern.

“Se adoptan medidas, pero no hay una articulación global del territorio con una estrategia conjunta, por ello, pedimos una gestión con el plan especial del delta”, ha señalado Ruiz este miércoles. El alcalde, quien además ejerce de diputado del área económica de la Diputación de Barcelona, ha asegurado que llevan esperando las ayudas del Govern 25 años, y este aviso de la Comisión Europea no es más que la última alerta de una destrucción natural que se viene sucediendo desde hace un cuarto de siglo.

Mapa de los espacios protegidos en el delta del Llobregat, al sur del área metropolitana de Barcelona / CONSORCI ESPAIS NATURALS DELTA

Falta de estrategia de ERC y JxCat

Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, ha remarcado que todos estos impactos negativos en los espacios naturales y en el área metropolitana sur de Barcelona son culpa de “la falta de estrategia y de gestión del Govern”, por lo que pide un “compromiso real” a los dos partidos independentistas, ERC y JxCat, que lideran el Ejecutivo en funciones en estos momentos.

La edil socialista ha instado a la Generalitat a ver el delta del Llobregat “como un motor económico esencial de Cataluña” con espacios naturales, producción agrícola e infraestructuras de transportes y mercancías. Moret ha resumido las palabras de los alcaldes Ruiz, del PSC, y Mijoler, de los comuns, en su “voluntad de tener un punto de producción de primer nivel al lado de Barcelona que no se ha tenido en cuenta”, solicitando el apoyo económico del Govern.

Medidas de compensación ambiental

Entre las acciones que la Comisión Europea solicitaba a España, como interlocutor en las instituciones europeas, el pasado 19 de febrero, se encontraban las compensaciones ambientales tras la expansión del aeropuerto de Barcelona y el puerto, así como el desvío del río Llobregat. El expediente interpela a la Generalitat, quien tiene las competencias en urbanismo y espacios protegidos, pero también al Gobierno por ser quien llevó a cabo dichas ampliaciones de las infraestructuras de transporte aéreo y marítimo.

El organismo europeo dio dos meses a las autoridades competentes para “atajar las deficiencias” identificadas en el delta del Llobregat y, si la respuesta no fuera suficiente, la Comisión podría enviar un dictamen motivado que sería el último paso antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El plazo ha expirado y, según aseguran los tres alcaldes de la zona afectada, el Govern no ha realizado ningún plan específico para solventar el problema de protección de los espacios naturales.