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El 'conseller' de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, en el Parlament / EUROPA PRESS

El PP recurre el rescate independentista del ICF ante el Constitucional

Un total de 88 diputados populares impugnan el fondo creado por el Govern, que califican de "perversión" y "nuevo instrumento de apoyo y promoción de la causa secesionista"

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El PP ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el fondo creado por el Govern para avalar económicamente a los dirigentes investigados por el procés. Consideran los populares que "no se puede avalar la sedición con fondos públicos", por lo que 88 diputados de esta formación --se necesitan 50 para acudir al Alto Tribunal-- han oficializado el recurso, un día después de que el Parlament diera luz verde al Proyecto de ley de creación del Fondo Complementario de Riesgos, con una aportación inicial de 10 millones de euros.

En el escrito presentado ante el TC, el PP explica que "el objeto o finalidad de la norma, se proclama abiertamente en su Exposición de Motivos: la creación de un fondo que venga a cubrir la responsabilidad pecuniaria de los funcionarios y altos cargos que destinaron caudales públicos pertenecientes a la acción exterior de Cataluña a actividades relacionadas con la promoción y apoyo en el ámbito internacional de la consulta del 1 de octubre y, más en general, del llamado 'proceso soberanista', en determinados supuestos, a través del conocido como Diplocat". Se refiere a la investigación de 34 dirigentes independentistas por parte del Tribunal de Cuentas, que dio origen a responsabilidades económicas, avaladas por el Instituto Catalán de Finanzas, dependiente de la Consejería de Economía.

"Garantes de una actuación ilícita"

"Con ello, en pura lógica, el decreto-ley impugnado se convierte en un nuevo instrumento de apoyo y promoción de la causa secesionista declarada inconstitucional en infinidad de ocasiones por el Tribunal Constitucional en la modalidad en la que se está desarrollando por los responsables políticos de la Generalitat de Cataluña". Los poderes públicos, añaden, "no pueden aparecer como garantes de la responsabilidad de los cargos sobre los que penden indicios más que sobrados de una actuación ilícita. Tal actuación es, por definición, contraria a los intereses generales que ha de perseguir la Generalitat, por lo que esta sólo puede presentarse frente a aquellos como perjudicada, debiendo, en su caso, ejercer las acciones oportunas frente a actuaciones ilícitas por dolo o culpa".

Para el PP, lo que pretende el decreto-ley impugnado "supone una perversión absoluta del sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas" y "no sólo es inconstitucional por la finalidad perseguida, sino que, por el método empleado para ello, atenta gravemente a los intereses generales que los poderes públicos están obligados a salvaguardar". 

Asimismo, los recurrentes sostienen que "el Govern, con la aprobación de esta norma, vuelve a poner los caudales públicos al servicio de su propia causa separatista en contra de innumerables pronunciamientos del Constitucional, prescindiendo una vez más de los intereses de todos los catalanes y, por ende, de todos los españoles".

El Consejo de Garantías Estatutarias avaló ese fondo, mientras que el Gobierno --el único que podría suspender cautelarmente la aplicación del mismo-- renunció a presentar recurso.