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Albert Rivera y Pablo Casado, líderes de Cs y del PP / EFE

PP y Cs reculan ante la sentencia que avala la tesis de la Abogacía del Estado

Pablo Casado y Albert Rivera adoptan una nueva estrategia que pasa por evitar hablar de “golpistas”, y se ciñen en criticar un posible “indulto” en lugar de apelar al 155

7 min

La sentencia de la causa del procés ha provocado un cambio de estrategia en los discursos de PP y Cs que, hasta antes de que empezaron las filtraciones del fallo, mantenían una tesis más cercana a la Fiscalía sobre la condición de “rebeldes” de los doce dirigentes políticos procesados por el Supremo. 

Cs y el PP tras las condenas del 1-O / EFE

El fallo ha recogido y avalado las tesis de la Abogacía del Estado, que consideró, a diferencia del Ministerio Público, que jamás se produjo un delito de rebelión, porque la violencia probada no fue un elemento “estructural” del Govern para derrocar el orden constitucional. 

Esta división de criterios entre Fiscalía y Abogacía del Estado se trasladó en el campo de la política cuando Ciudadanos fichó al letrado Edmundo Bal, excoordinador de la acusación de la Abogacía del Estado en el juicio y que se inclinaba por mantener la rebelión. En sentido opuesto, el PSOE, que llegó al Ejecutivo tras la moción de censura a Mariano Rajoy, consideró que la tipificación penal que más se ajustaba a los hechos que se vivieron en Cataluña en 2017 era el delito de sedición, y rebajó la acusación inicial que se defendía bajo el Ejecutivo del PP.

Ya no se los tilda de “golpistas”

Con el fallo ya publicado, tanto Cs como PP han perfilado una nueva estrategia que empieza a emerger en el tono de sus líderes. Ya no se habla tan explícitamente de “golpistas” --término que era habitual en las respectivas intervenciones de Albert Rivera o Pablo Casado en los plenos del Congreso de los Diputados-- y se urge al presidente del Gobierno en funciones a alcanzar acuerdos para que el constitucionalismo demuestre unidad y firmeza ante los altercados en Cataluña. “Le he trasladado mi apoyo al Gobierno para hacer que se respete la ley y el orden público en Cataluña, y le he pedido una reunión urgente entre Gobierno, Ciudadanos y PP para actuar juntos, aunque él no lo ve oportuno por ahora”, ha abundado el líder naranja en Twitter tras su rueda de prensa. Su apelación al “orden público” va en consonancia en lo que ha dictaminado el fallo judicial, cuando descartó que el procés atentara en contra del "orden constitucional" pero sí del "orden público".

Albert Rivera tras las condenas del 1-O
Albert Rivera se dirige al Gobierno tras las condenas del 1-O / EFE

Por su parte, Casado ha especificado en rueda de prensa que “el Gobierno cuenta con el apoyo del PP para adoptar todas las medidas necesarias. Pedimos agilizar los instrumentos legales que procedan para garantizar la estabilidad en Cataluña”.

De apelar al 155 a rechazar el indulto

Entre estas medidas del líder conservador se encuentra la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, la prohibición de “indultos a condenados por rebelión o sedición”, la recuperación de “las competencias de la Administración penitenciaria”, la tipificación del “referéndum ilegal” en el Código Penal, el cierre del Diplocat o la aplicación de ley de Estabilidad Presupuestaria.

Pablo Casado  tras las condenas del 1-O
Pablo Casado ofrece el apoyo del PP al Gobierno tras las condenas del 1-O / EFE

En ningún caso Casado ha vuelto a mencionar la intervención de la autonomía mediante el artículo 155 de la Constitución, dado que el Supremo ya dilucidó en qué casos se podía aplicar. En el contexto de lógica electoral es inevitable que tanto PP como Cs hagan hincapié en las diferencias con el PSOE, pero éstas pasan ahora por rechazar el indulto con el que amagó Miquel Iceta en lugar de la apelación al 155. 

¿Por qué no hay rebelión?

La abogada del Estado, Rosa María de Seoane, se ha mostrado satisfecha este lunes con el fallo judicial. En declaraciones a los medios ha dicho estar “enormemente satisfecha” y que la sentencia se “ha ajustado a la acusación que mantenía la Abogacía del Estado”.  

En la sentencia, la Sala Segunda de Lo Penal da por probada la existencia de violencia, pero consideran que no es suficiente “la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión”. “Bastó una decisión del Tribunal Constitucional para despojar de inmediata ejecutividad a los instrumentos jurídicos que se pretendían hacer efectivos por los acusados. Y la conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de unas páginas del Boletín Oficial del Estado que publicaban la aplicación del artículo 155”, sostienen los magistrados.

Se impone la tesis de Abogacía

Los episodios del 20 y 21 de septiembre ante la Consejería de Economía han sido claves en el desarrollo de la vista oral del juicio. No se trató de una mera protesta amparada por la libertad de expresión y el derecho de reunión política, pero tampoco de un acto para derribar el ordenamiento constitucional. 

De acuerdo con la sentencia, “se trató de movilizaciones que desbordaron los límites constitucionales del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación y que crearon el ambiente coactivo e intimidatorio necesario para obligar a la Policía Judicial a desistir del traslado de los detenidos al lugar en el que iban practicarse, por orden judicial, la entrada y registro”.