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Jordi Puigneró muestra una queja remitida a la defensora del pueblo europea por el cierre de las webs del 1-O / GOVERN

Portazo de Bruselas al Govern sobre el cierre de webs el 1-O

La Comisión Europea no se pronuncia sobre la queja presentada por el consejero Puigneró y se limita a afirmar que la mayoría de páginas ya están reabiertas

17.10.2018 13:42 h.
2 min

Bruselas descarta formalmente actuar a raíz del cierre de páginas web por parte del Estado los días próximos al 1 de octubre de 2017. En respuesta a la carta enviada hace un año por el entonces secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital, Jordi Puigneró, la Comisión Europea considera que el Gobierno puede recurrir a través de la vía judicial española y dice, además, que un número significativo de páginas "ya se han reabierto".

En la misiva, el Ejecutivo europeo indica al actual consejero de Políticas Digitales y Administración Pública que "las normas de la UE impiden el bloqueo o las restricciones de webs salvo excepciones en cumplimiento de las leyes nacionales". Con todo, admite que las medidas "sólo se podrán imponer si son apropiadas, proporcionales y necesarias en una sociedad democrática", sin posicionarse sobre si se aplica o no el caso de las webs del 1-O.

Denuncia ante la Defensora del Pueblo europea

La carta de Bruselas fue enviada el pasado jueves, dos días después de que el el consejero acudiera a la Defensora del Pueblo Europea y está firmada por el director general de redes de comunicación, contenidos y tecnologías de la Comisión Europea, Roberto Viola, en nombre del vicepresidente y comisario de mercado único digital, Andrus Ansip.

"Desde el Gobierno de Cataluña creemos que la Comisión Europea se ha visto obligada a mover ficha y en cierto modo abre la puerta a admitir que el cierre de webs, dominios y aplicaciones se hizo de manera desproporcionada por parte del Estado" , interpreta Puigneró. Como secretario de Telecomunicaciones, Puigneró denunció a Ansip el 24 de septiembre de 2017 la infracción de varias directivas europeas en materia de derechos digitales por parte del Estado durante los días previos y posteriores al referéndum del 1 de octubre.

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