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Papeleta bilingüe en castellano y catalán de las candidaturas al Senado por Barcelona / CG

Documentación bilingüe en los colegios electorales

28.04.2019 00:00 h.
7 min

Este domingo, cuando vayan a votar, reparen un momento en la documentación electoral. Verán que los sobres y las papeletas son bilingües. El documento para el Senado recoge su cometido en la parte superior en ambas lenguas, castellano y catalán: Elecciones a Cortes Generales 2019 Senado (Barcelona) además de las instrucciones para señalar a los tres candidatos/as. También es bilingüe toda la documentación para los miembros de las mesas electorales. Si algunos pensaban que, en las elecciones generales, precisamente por ser generales y estar organizadas por el Ministerio del Interior, toda la documentación estaría escrita solo en español, verán que no es así.

La documentación electoral en español-catalán, español-euskera y español- gallego es una obligación para el Ministerio del Interior a partir del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales. Es este decreto forma parte de una serie de decretos que se derivan de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. El artículo 4 del citado Real Decreto 605/1999 versa sobre Papeletas y Sobres, y establece que estos serán bilingües en todas aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial y en el caso concreto de Navarra en sus zonas vascohablantes establecidas por la Ley Foral navarra.

Así pues, desde hace 20 años votamos con documentación bilingüe en todas las elecciones. Es este un hecho que debe resaltarse frente a las perennes acusaciones de que en el tema lingüístico el Estado sigue siendo un Estado franquista. Más bien, los datos nos muestran lo contrario.

Partimos del artículo 3 de la Constitución, el cual otorga rango de oficialidad a las “demás lenguas españolas” cuando así lo dispongan sus estatutos y plasma legislativamente por primera vez el reconocimiento de la diversidad lingüística de España como una riqueza a promover. A partir de este artículo se ha ido desarrollado una amplia normativa sectorial que obliga a la Administración central a actuaciones, servicios, documentación y comunicación bilingüe en las seis comunidades autónomas con dos lenguas oficiales.

Pocos son conscientes de ello, pero la llamada Administración periférica del Estado en las CCAA bilingües empezó en 1990 a, gradualmente, operar en todas sus dependencias en castellano y en la lengua cooficial. Actualmente, uno solo necesita acercarse a una oficina de Correos, de la Agencia Tributaria o a una Comisaría de Policía de Cataluña para observar el bilingüismo en el personal, la rotulación y los documentos. Por ejemplo, el DNI, el carnet de conducir, el libro de familia y los títulos académicos están redactados en ambas lenguas oficiales. La declaración de Hacienda puede realizarse en español, catalán, euskera o gallego.

La satisfacción que nos produce a muchos observar el bilingüismo de la Administración periférica queda ensombrecida por una constatación. ¿Cómo es posible que ningún Gobierno central haya sido consciente del valor de todo lo que la Administración estatal lleva a cabo en el campo lingüístico en las CCAA bilingües? ¿Cómo debemos entender que una actuación modélica --posibilitar sistemáticamente el ejercicio de los derechos de los hablantes de ambas lenguas oficiales-- no sea comunicada a los ciudadanos, puesta en valor y aducida como ejemplo de un Estado comprometido y respetuoso con la diversidad lingüística del país?

Desafortunadamente, es la tradicional pasividad de los sucesivos Gobiernos en todo el periodo democrático la que nos ha llevado a esta situación. Así, contradiciendo las acusaciones de un Estado hostil al catalán, el euskera y el gallego, los datos nos muestran que el principal problema que presenta la posición del Estado frente a la diversidad lingüística del país es su mutismo y su dejar hacer. No ha considerado importante explicarse sobre su propia e importante actividad lingüística en las autonomías bilingües y ha dejado hacer y decir a su gusto a los gobiernos nacionalistas. Ha renunciado a ofrecer un contrapunto al discurso victimista sobre las lenguas cooficiales y esta renuncia ha tenido consecuencias: ha contribuido en gran medida a que el discurso victimista se haya impuesto tan ampliamente.

De forma incomprensible, no se ha considerado importante explicar a los ciudadanos y ciudadanas que no existe un Estado hostil con las lenguas cooficiales como se pregona. Lo que sí existe es, precisamente, lo contrario, es decir, una Administración que opera eficazmente en cuatro lenguas (en total) en seis comunidades autónomas y lo hace para que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos lingüísticos respecto a la Administración central, tanto los hablantes del español como los hablantes de las lenguas cooficiales, en sus respectivas comunidades.

No deberíamos resignarnos a este mutismo de los diferentes Gobiernos respecto a sus propias actuaciones. Cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlo. Y todos sabemos el valor de lo que está en juego: los hechos muestran algo muy importante, una actuación ejemplar en materia lingüística por parte del Estado. Estos son los datos objetivos y hay que empezar a explicarlos, sin más dilaciones. Si los políticos renuncian a ello, deberemos contarlo nosotros cada vez que se nos presente la ocasión.

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