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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (d), con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (c) / EP

Podemos torpedea la nueva empresa de vivienda de Barcelona

El 'hachazo' fiscal a las firmas de alquiler compromete la viabilidad de Habitatge Metròpolis, la promotora de Ada Colau

6 min

Unidas Podemos compromete un proyecto de Ada Colau en Barcelona. Una medida impulsada por el partido morado desde el Gobierno amenaza una de las políticas estrella de la alcaldesa de la Ciudad Condal: la promotora público-privada de alquiler social Habitatge Metròpolis (HMB), presentada a bombo y platillo la semana pasada. 

Lo detallan fuentes del sector inmobiliario, que alertan de que el recorte de la bonificación fiscal del Impuesto de Sociedades (IS) para las entidades que se dedican al alquiler de vivienda, que pasará del 85% al 40%, amenaza la viabilidad de HMB. Lo que es lo mismo: una medida pensada por Podemos para acabar con los "privilegios fiscales" de los grandes tenedores torpedea un proyecto de una de sus ediles estrella, que resulta afectado. Si nada cambia, la iniciativa se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. 

"Calvario para la promotora de Colau"

Desde el sector inmobiliario privado recuerdan que el hachazo fiscal "no solo afecta a los operadores con ánimo de lucro, sino que ahora impacta de lleno en la operativa de Habitage Metròpolis". Ello es especialmente preocupante cuando la promotora pública de alquiler social acaba de ampliar capital para dar cabida a sus socios privados, que son Neinor y Cevasa

En este contexto de reconfiguración, el operador mixto recibirá una carga de profundidad si los PGE se aprueban tal y como están planteados. "La medida de Podemos no solo afecta a los grandes tenedores, como pretendían, sino que compromete la viabilidad de la nueva promotora pública", alertan las fuentes consultadas.

Hasta 4.500 pisos sociales amenazados

Si Habitatge Metròpolis flaquea por este u otro motivo, se comprometerá el futuro de 4.500 pisos de alquiler social asequible por entre 400 y 700 euros. Son los que promete construir la empresa público-privada. De estas unidades, cerca de 640 se elevarán en una primera fase. Para ello, el operador debe ser viable, algo que con el recorte de la bonificación fiscal no está asegurado. 

"La primera licitación de HMB para encontrar socio quedó desierta porque las plicas comprometían la viabilidad de la futura firma. En el segundo proceso, nadie pensó que las condiciones de mercado se endurecerían. Hasta ahora, cuando los PGE lo contemplan", alertan directivos del sector privado. Este hecho es especialmente preocupante cuando uno de los aspirantes, Visoren, ha acudido a la justicia. Denuncia que, entre otras cosas, la oferta de Neinor y Cevasa es "temeraria". 

El PDECat lo enmienda por la "función social"

Sea como fuere, pocos en Unidas Podemos pensaban que una medida ideada para cerrar el paso a los privados perjudicaría una de sus políticas estrella en la Ciudad Condal. Uno de los que sí lo pensaron fue el PDECat. La formación moderada que dirige Ferran Bel ha presentado una enmienda parcial al artículo de los PGE de 2022 que rebaja la bonificación. Los nacionalistas argumentan que las empresas dedicadas al alquiler "hacen una función social" en un mercado que presenta "escasez de viviendas" y que precisa de un entorno "profesionalizado". 

Ferran Bel, portavoz de PDECat en el Congreso / PABLO MIRANZO
Ferran Bel, portavoz del PDECat en el Congreso / PABLO MIRANZO

El PDECat subraya que esta bonificación "es la única que se rebaja"; que los privados compensan de este modo la "ajustada rentabilidad" del alquiler de viviendas, y que los operadores ya tributan las rentas del alquiler al 25% y que la modificación perjudica a las empresas familiares con holding, lo que la formación de Àngels Chacón ve "un activo a proteger" en España. Negro sobre blanco, el hachazo fiscal "desincentiva" la creación de empresas que coloquen pisos en el tensionado mercado de alquiler, apostilla la formación. 

Una empresa que la alcaldesa no quiso

El misil involuntario de Podemos contra Habitatge Metròpolis Barcelona es el último traspié de una sociedad mixta que Ada Colau y los suyos jamás quisieron. Cabe recordar que Barcelona en Comú paró un proyecto que ya estaba formado en 2014 cuando alcanzó la alcaldía de la capital catalana al año siguiente. En aquel momento, los comunes iniciaban su primer mandato, el más ideológico y en el que se enfrentaron a los promotores, a los hoteleros y a Airbnb, entre otros sectores económicos. 

En el mandato en curso, el partido de Colau ha recuperado la idea del operador mixto de vivienda, una iniciativa que todo el arco político atribuye al vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana, Antonio Balmón (PSC). La alcaldesa de Barcelona y los suyos han rescatado la idea ante el fiasco en materia de vivienda social. No en vano, BComú entregó a final del pasado mandato unos 800 pisos de alquiler social de los 4.000 que había prometido al inicio del ciclo político.