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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una imagen de archivo / EFE

Por qué el plan de vivienda social de Colau aterra a los inversores

Los promotores alertan de que la reserva obligada del 30% de pisos protegidos "encarecerá" las obras y "desincentivará" la rehabilitación en Barcelona

19.06.2018 00:00 h.
5 min

Los promotores están "aterrados" por el plan de vivienda social que impulsa el Ayuntamiento de Barcelona, comandado por la alcaldesa Ada Colau. Los inversores alertan de que la obligación de reservar el 30% de unidades de nueva construcción o gran rehabilitación para obra social "encarecerá" las obras. Ello, aducen, tendrá un efecto negativo sobre los precios de la vivienda en la ciudad, que viven una tendencia alcista. Asimismo, advierten de que la medida "desincentivará" la rehabilitación.

Así lo ve, por ejemplo, un promotor con varios proyectos en marcha que prefiere permanecer en el anonimato. "Sobre el papel parece una medida positiva, pero los detalles lo matan: no tiene base económica", lamenta. "El Ayuntamiento de Barcelona no dará licencias a desarrollos sin un 30% de viviendas de protección oficial (VPO). ¿Y si estas son en zonas prime como Pedralbes o paseo de Gràcia? Los inquilinos podrían vivir allí perfectamente, claro, pero sólo los gastos de comunidad ya superarán al supuesto alquiler social", ha razonado. Siguiendo este argumento, la misma fuente augura un "parón" de las transacciones de inmuebles en Barcelona por el "peaje" que impondrá el equipo de Barcelona en Comú (BComú).

Imagen de un bloque de pisos rehabilitado en la calle Mallorca de Barcelona / ALTING
Imagen de un bloque de pisos rehabilitado en la calle Mallorca de Barcelona / ALTING

Precios arriba

Hay dos efectos más que podría provocar el plan, que superó su primer escollo ayer lunes, 18 de junio. "Un encarecimiento del suelo existente. La imposición de un 30% de VPO repercutirá sobre el comprador, pero también sobre los inquilinos. Si el terreno cuesta más, también costarán más los pisos. Y, por ende, el alquiler de unidades de ese bloque también será más caro. Así, una buena medida sobre el papel puede llegar a ser contraproducente", ha señalado otra fuente del sector inmobiliario.

"Y desincentivará la rehabilitación. El parque de viviendas de Barcelona está relativamente envejecido. Los propietarios de un antiguo inmueble de más de 600 metros cuadrados --los que quedan dentro del perímetro del plan-- pueden decidir no reformar si tienen que entregar un 30% de los pisos a vivienda social. Preveo un freno a la rehabilitación en Barcelona. Los patrimonialistas que se aventuren a hacerlo tendrán que repartir también ese coste. Los pisos de los bloques reformados también serán más caros", ha abundado el mismo directivo. 

Polémica

Cabe recordar que el Ejecutivo local de BComú consiguió aprobar inicialmente ayer en la comisión municipal de Ecología, Urbanismo y Movilidad que las nuevas promociones urbanísticas plurifamiliares, reformas y nuevas promociones en la ciudad consigan una licencia sólo si reservan un 30% de las unidades para vivienda social. El cambio, una modificación del Plan General Metropolitano (PGM), lo avalaron los comunes, ERC, el PSC y la CUP. La medida se acompañó de otra que amplía los derechos de tanteo y retracto del ayuntamiento en toda la ciudad. Ello dará prioridad al consistorio en las operaciones de compraventa.

Con esta doble intervención, pactada con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicat de Llogaters, el Observatori Desc y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), el equipo de Colau calcula que logrará "entre 300 y 400 viviendas protegidas en Barcelona cada año". No obstante, la promesa llega después de que el gobierno municipal haya incumplido su objetivo de construir 4.000 pisos de alquiler asequible. Acabará el mandato con 1.500 unidades entregadas: 800 construidas y 700 adquiridas por el consistorio.

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