El plan de Rajoy: seis meses de 155, elecciones a medio plazo y 'ayuda' de la CUP

Seis meses. Esa es la duración que tendrá la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que acaba de empezar a rodar con el intercambio epistolar entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy. Ambos dirigentes no se mueven de sus posiciones. El primero no aclara si proclamó la independencia en el Parlamento catalán el pasado 10 de octubre y, aunque el Gobierno le ha dado una nueva oportunidad hasta el jueves, el presidente catalán no piensa aprovecharla.

Por su parte, el mandatario español rechaza los dos meses de mediación solicitada por el líder independentista en su misiva. “Puigdemont quiere ganar tiempo para que sea la CUP la que rompa definitivamente y poder convocar elecciones de una forma digna, pero Rajoy no puede esperar”, explican a Crónica Global fuentes conocedoras de la hoja de ruta del presidente español. Sobre la oferta de diálogo, el PP se niega a dar legitimidad a un Ejecutivo independentista. En este sentido, la presión de los sectores más duros del partido --María Dolores de Cospedal, Juan Ignacio Zoido-- sigue siendo muy fuerte.

En efecto, la aplicación del artículo 155, que contempla la suspensión de la autonomía en el supuesto más extremo, culminará esta semana con un previsible empate entre ambos mandatarios. A partir de ahí, el Gobierno deberá acudir al Senado para explicar qué tipo de medidas quiere aplicar en Cataluña. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguraba ayer que el objetivo no es suspender la autonomía, sino restituir la legalidad. “Pocos saben cómo se aplica el 155, pero sí sabemos que el proceso será largo”, admiten la citadas fuentes.

Dos ejes radicalizados

El precedente de Canarias no sirve --en 1989, el entonces presidente Felipe González abrió este procedimiento por la negativa de esta autonomía a aplicar las nuevas normas arancelarias, pero no llegó a aplicarlo porque hubo acuerdo-- y el Ejecutivo se mueve en terreno pantanoso. Sí tiene claro que tomar el control de los Mossos d’Esquadra y de las finanzas del Govern son los dos objetivos. No así la convocatoria de elecciones autonómicas, algo que no se descarta pero que, ahora, no es prioritario.

Los populares saben que los ánimos independentistas están muy encendidos y eso podría dar lugar a un nuevo empate electoral entre fuerzas secesionistas y constitucionalistas. También en el espacio “unionista” se está produciendo un cierto rearme, tal como indican las últimas encuestas de intención de voto ante unas hipotéticas elecciones generales, pues el PP volvería a ganar, aunque bajaría, mientras que Ciudadanos daría el sorpasso a Podemos.

Las competencias en educación

Los comicios catalanes, por tanto, pueden esperar. Al menos por parte del Gobierno español. Porque en la Moncloa se considera la idea de que será la CUP la que dejará en minoría a Puigdemont debido a sus indefiniciones, lo que le permitiría convocar elecciones --“constituyentes”, según la terminología secesionista-- sin dar una imagen de genuflexión. No van desencaminados, pues los antisistema insisten en pedir la celebración de un pleno extraordinario en el que se levante la suspensión de la declaración de independencia. Y ERC, socia de gobierno de PDeCAT, coquetea con esa idea.

Tampoco está previsto que se suspendan las competencias de Enseñanza, pese a que hay un sector del PP que así lo reclama por entender que ahí está la génesis del adoctrinamiento secesionista. “En seis meses no se puede desmantelar el sistema educativo catalán y, por tanto, no entra dentro de las previsiones del 155”, explican las citadas fuentes.