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Imagen de archivo del coronel Pérez de los Cobos saludando al mayor Trapero en presencia de José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad / EFE

Pérez de los Cobos, el ariete de los nacionalistas contra el Estado

Los independentistas ven en el cese del coronel de la Guardia Civil una nueva oportunidad para desacreditar a la justicia española

7 min

Diego Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil que hasta el lunes era el máximo responsable de la Comandancia de Madrid, no ha leído el informe que los agentes de la Benemérita entregaron a Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado número 51 de Madrid que investiga la causa contra el delegado del Gobierno por presunta prevaricación.

Así lo ha manifestado el militar a personas de su círculo más cercano. Cuando el domingo 24 de mayo recibió las llamadas de algunos de sus superiores interesándose por el contenido de las investigaciones de la policía judicial no pudo satisfacer su curiosidad por dos motivos. En primer lugar, porque no conocía ese texto. Tal y como ordena la ley, los agentes encargados de un caso solo responden y obedecen al juez que les ordena las pesquisas. Y, en segundo lugar, porque de haberlo sabido su obligación era guardar silencio.

Crisis en el ministerio

Su negativa y posterior cese han abierto una crisis profunda en el ministerio y en la Guardia Civil. Laurentino Ceña, teniente general y director adjunto operativo del cuerpo, presentó su dimisión. Simbólica, ya que había cumplido los 65 años en marzo, pero muy ruidosa. Fernando Grande-Marlaska, el titular de Interior, ha preferido sustituirle con Pablo Salas y ha puesto a Félix Grande en el tercer puesto del escalafón de la Guardia Civil, hasta ahora ocupado por Fernando Santafé, un teniente general también cesado.

El coronel Pérez de los Cobos pagaba con su cargo una tensión originada por la magistrada que en plena pandemia admitía a trámite una extraña querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no haber prohibido la concentración feminista del 8M en la capital. La jueza encomendó la investigación –indagar cómo prohibieron otros actos masivos en aquellas fechas-- a la Guardia Civil. El informe que Pérez de los Cobos no conocía sí pudo haber llegado a instancias superiores del Gobierno. De ahí el interés del Ministerio del Interior.

Pieza preciada por los 'indepes'

El papel del coronel en el referéndum ilegal independentista y su posterior testimonio en el juicio del Tribunal Supremo contra los organizadores de la consulta ha animado al entorno nacionalista catalán a atacar a Pérez de los Cobos para desvirtuar los informes de la Guardia Civil en aquella causa. De ahí el interés de Carles Puigdemont y Quim Torra en demonizar la figura del militar, una labor a la que se presta la siempre solícita TV3 y el magnate Jaume Roures, uno de sus principales proveedores y propietario de la productora de los documentales sobre el 1-O y Las cloacas de Interior.

En paralelo a ese interés nacionalista por desacreditar a Pérez de los Cobos, las filtraciones han desvelado severas irregularidades en el informe policial dirigido a la magistrada del juzgado número 51 de Madrid. Se atribuye a la CGT la desconvocatoria de una protesta el 6 de marzo por la presión de la Delegación del Gobierno, algo que el representante del sindicato negó ante los agentes: esa movilización se anuló por una cuestión de estrategia sindical interna, pero se mantuvo otra ante la Embajada de Grecia el 10 de marzo. Lo que dice el atestado que recoge la declaración del sindicalista Antonio O’Connor y su reflejo en el informe no tienen aparentemente nada que ver.

Una prohición forzada

Algo semejante ocurrió con un evento de la iglesia evangelista que tenía que celebrarse entre los días 19 y 21 de marzo en Madrid. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Federe) afirma que el Ministerio de Sanidad les dijo que el encuentro, al que debían asistir médicos de más de un centenar de países, era desaconsejable. Tanto por la posibilidad de importar contagios como porque la ausencia de los facultativos de sus respectivos lugares de trabajo podría suponer una dificultad añadida en caso de necesidad.

El informe policial especifica que el Gobierno prohibió la concentración, pese a que los convocantes sostienen que desistieron de celebrar el IX Congreso Mundial del Evangelio por “sentido de la responsabilidad”.

¿Una "causa general"?

La Abogacía del Estado ha terciado también en el conflicto y se ha dirigido a la jueza Rodríguez Medel --que dejó la judicatura para trabajar como asesora del titular de Justicia, Rafael Catalá, en el último Gobierno del PP-- atribuyéndole la voluntad de abrir una “causa general” contra el Gobierno. No solo le sorprende que admitiera la demanda el 23 de marzo, solo tres días después de que fuera presentada en plena pandemia, sino que se hace eco de acusaciones imprecisas contra “otras autoridades” e insta a la policía judicial a que busque pruebas contra esos personajes sin identificar.

La jueza, es verdad, también ha sido diligente y ha respondido negativamente con celeridad a la pretensión del abogado que presentó la demanda inicial, Víctor Valladares, cuando esta semana ha intentado ampliar la querella por prevaricación contra el doctor Fernando Simón, al que quizás aludía con aquel “otras autoridades”.

De ser fidedignas las filtraciones del informe policial de 80 páginas, quedaría constatado que incluye muchos errores, como citas parciales de disposiciones del Ministerio de Sanidad en torno a la pandemia y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que atribuye la declaración del estado de pandemia el 30 de enero, cuando fue el 10 de marzo.