El Parlament rechaza la 'Ley Aragonès' con el voto en contra de toda la oposición

El PSC, En Comú Podem, el PPC, Cs y la CUP han evitado que el proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, conocido como ley Aragonès, llegue hasta el pleno del Parlament al votar este lunes en contra del dictamen durante la comisión de Economía en la Cámara catalana.

Por once votos en contra y diez a favor --los de JxCat y ERC-- los diputados han decidido que este proyecto, que toma el nombre del vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía, Pere Aragonès, no llegue a votarse en el plenario.

Incógnita hasta última hora

La CUP y los comunes ya habían avanzado su voto negativo, el PPC había anunciado que votaría a favor, mientras que Cs y el PSC, que han acabado decantando la balanza, habían mantenido su decisión en interrogante hasta hoy mismo, hasta conocer el texto.

Fuentes parlamentarias han explicado a Efe que, a raíz de esta decisión, la oposición ha logrado zanjar aquí el recorrido de la polémica ley Aragonès, que contaba con el rechazo de los principales sindicatos y entidades sociales.

Malestar independentista

"Renunciamos a ejercer nuestra soberanía y esto tiene que quedar muy claro", ha lamentado el diputado de ERC Jordi Albert antes de reprochar a la oposición que participe de "falsos debates".

En la misma línea, el diputado de JxCat Josep Maria Forné ha alertado a las demás formaciones que tendrán que "asumir" la responsabilidad de su "error" y les ha espetado: "Si alguien cree que esto evitará la contratación, al contrario, la dejará mucho más a la intemperie del liberalismo".

"Mala ley"

Por su parte, la socialista Alícia Romero ha explicado que han votado en contra porque se trata de una "mala ley" y, a pesar de haberla mejorado, no lo han logrado "lo suficiente", por lo que siguen "teniendo dudas" sobre "algunos aspectos relevantes" que les impiden aceptarla.

Desde el PPC, que anteriormente había dado su apoyo al proyecto, el diputado Santi Rodríguez ha aclarado que han optado por rechazarlo porque no ha sido aceptada ninguna de las enmiendas que su subgrupo ha presentado, mientras que el grupo de Cs, que también iba a darle su beneplácito, no ha hecho uso de la palabra.

Los comunes y la CUP ya habían hecho público con antelación su posicionamiento, según el cual esta ley no es "la que necesitan los servicios públicos" porque los "precarizará".

Privatización y externalización

El proyecto de la Ley Aragonès ha topado desde su inicio con la oposición de fuerzas de izquierda y de los principales sindicatos y movimientos sociales, que denuncian que esta normativa precarizará las condiciones laborales y favorecerá la externalización de servicios básicos, sobre todo en el ámbito de la sanidad y la educación. De hecho, el pasado 17 de noviembre miles de personas se manifestaron en Barcelona en contra de dicha ley con el objetivo de frenar lo que, a su juicio, supondría la privatización de unos 250 servicios públicos en Cataluña.

No lo veía así el Govern independentista de ERC y JxCat, que había hecho de la ley Aragonès" una de sus principales banderas y defendía que con ella se evitaría que sólo consigan contratos públicos aquellos actores con mayor capacidad financiera para ofrecer un precio más barato.

En este sentido, el exdiputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha apuntado que "continuará vigente la ley española que adjudica los contratos sólo en función del precio. Hoy Florentino Pérez brindará con champán".