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Lusi García, alias 'Luigi', el principal acusado tras la investigación del 'caso Pretória' en una imagen de archivo / EFE

‘Pallaresa’, ‘Niesma’ y ‘Badalona’, las operaciones del ‘caso Pretoria’

‘Luigi’, el principal condenado de la causa, actuaba con total libertad en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet para incidir en concursos públicos y adjudicaciones urbanísticas

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Ocho años y ocho meses después de que estallara el caso Pretoria, la Audiencia Nacional ha condenado esta semana finalmente a sus implicados. La sala ha investigado una ingente cantidad de inversión recabada que detalla las actividades ilícitas que se desarrollaron entre 2002 y 2009 en Santa Coloma de Gramanet, San Andreu de Llavaneres y Badalona. En la primera localidad tuvo lugar la Operación Pallaresa, una de las que centrado buena parte de la investigación.

Se ha demostrado como gracias a su amistad con el entonces alcalde, Bartomeu Muñoz, el principal condenado, Luis Andrés García Sáez, alias Luigi, pudo asumir una dirección fáctica e importante en concursos, adjudicaciones públicas y procesos de modificación urbanística que tenían lugar en la ciudad barcelonesa.

Dominio de las decisiones municipales

“En ejecución de dicho plan”, relata la Audiencia Nacional, “logró ostentar durante el periodo en el que se desarrolló la denominada Operación Pallaresa un dominio fáctico sobre las decisiones municipales, especialmente en los expedientes de adjudicación de concursos y procesos de modificación urbanística”.

Se demuestra que “influyó de forma continuada tanto sobre el alcalde Muñoz como sobre el concejal Dobarco”. Era presentado en el consistorio como un asesor y hombre de confianza de Muñoz. “Despachaba con los técnicos municipales, obtenía información directa sobre el estado de los expedientes y orientaba el sentido de los informes para que fueran favorables a las decisiones pretendidas, fundamentalmente en los relativos a modificaciones urbanísticas”, prueban las pesquisas judiciales. Algo del todo inusual en el sector público.

Dádivas percibidas

Las directrices impartidas por Luis eran asumidas como propias por el alcalde. La sentencia indica que la mayoría socialista en el Ayuntamiento y gracias a la actuación de Dobarco, Luigi “lograba la final aprobación de los acuerdos por el Pleno, percibiendo por ello cuantiosas e ilícitas contraprestaciones económicas”.

La sentencia detalla cómo, del mismo modo, Luis García influyó sobre el regidor de Urbanismo en el municipio de Sant Andreu para dirigir la modificación urbanística producida en las fincas de la llamada Operación Niesma.

Actuación en Badalona

En el municipio de Badalona, ejerció su influencia sobre el consejero delegado de la sociedad pública Marina Badalona para tomar parte en la llamada Operación Badalona. Implicó a otros cargos que permitieron que una finca edificable situada en un lugar estratégico del puerto de esa ciudad pasara a manos de inversores particulares. Obtuvieron una gran plusvalía en su reventa, al margen del interés público.

Durante los años investigados, la Audiencia Nacional ha constatado cómo otro de los acusados, Manuel Valera, figuraba como administrador en la mayoría de las sociedades controladas de facto por Luigi. Era el hombre de confianza y ejercía de testaferro para García, “siendo conocedor de la naturaleza y alcance de los planes que se proponían desarrollar en los indicados ayuntamientos en beneficio de inversores particulares y de ellos mismos, y de las irregularidades necesarias para alcanzarlos”.

Prevaricación continuada

Es con la Operación Pallaresa que el tribunal concluye que ha tenido lugar un delito continuado de prevaricación administrativa. Se lanzaban proyectos para beneficiar a empresas particulares. Vulneraban los principios de publicidad, transparencia y con un claro desprecio del principio de libre concurrencia.

El tribunal analiza, una a una, todas las modificaciones y acuerdos adoptados para dar una “apariencia de legalidad” y encubrir lo que, a criterio de la Sala, “fueron claras desviaciones de poder” en beneficio de los inversores captados por Luis García. Bajo una cobertura formal de legalidad, se logró que los acuerdos del Ayuntamiento se adoptaran para servir los designios de los acusados. “Burlaron así los principios rectores que deberían haber presidido la actuación de una Administración Pública en una materia especialmente trascendente y delicada, como es la de urbanismo”, sentencia la sala.