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La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados / CG

La oposición cree que Pugdemont no puede ser presidente

PSC y Cs evitan valorar explícitamente el recurso anunciado por el Gobierno, mientras los comunes critican la judicialización de la política

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La oposición ha coincidido en que Carles Puigdemont no puede ser presidente de la Generalitat. PSC y Ciudadanos no han querido valorar explícitamente la decisión del Gobierno de impugnar la candidatura del candidato independentista ante el Tribunal Constitucional, aunque consideran que el candidato de Junts per Catalunya es una persona huida de la Justicia y que no puede ejercer el cargo al que aspira. Por su parte, los comunes han criticado la judicialización de la política catalana. El PPC, como podía ser de otra manera, ha apoyado las medidas acordadas por el Ejecutivo español.

La portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados ha recordado que su grupo siempre ha subrayado la necesidad de que quien esté al frente de las instituciones puedan ejercer sus funciones con plenas garantías. “Estamos de acuerdo con cualquier iniciativa que garantice la normalidad de la legislatura”, ha dicho la portavoz socialista.

A la espera del informe del Consejo de Estado

“Si el Gobierno valora impugna la propuesta de candidato, queremos ver qué dice el informe del Consejo de Estado. Nosotros no queremos un debate de investidura sin candidato. Cataluña se merece una legislatura normal. Hay que pasar pantalla. Me preocupan más los problemas de los ciudadanos que los de Puigdemont”, ha dicho. Ha recordado que el político independentista “no ha sido el candidato más votado y, por tanto, hay muchos candidatos al Parlament que podrían ejercir esta función"

Por otro lado, Granados ha lamentado que en la Mesa del Parlament celebrada hoy no se haya determinado una fecha de la investidura ni se hayan dado garantías de que no será una sesión telemática.

Falta de transparencia

La diputada de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha denunciado que “comenzamos esta legislatura como acabamos la anterior”. La primera medida de Roger Torrent (presidente del Parlament) ha sido viajar a Bruselas para reunirse con una persona huida de la justicia. “No vemos normal que todavía no sepamos la fecha de la investidura, la sesión más importante. Se esconde la fecha a todos los ciudadanos. No vemos normal que el candidato sea una persona imputada, que no está aquí, que está huido de la justicia y que no tiene proyecto. En su momento presentamos una reconsideración para que Puigdemont no fuera candidato”. Roldán ha denunciado la “falta de transparencia” del presidente del Parlament.

El diputado del PP catalán, Alejandro Fernández, ha expresado el apoyo a las medidas anunciadas por Santamaría que "pretenden preservar la convivencia y la democracia" y ha agradecido a PSOE y Ciudadanos su apoyo. Ha recordado a los independentistas que "la comunidad internacional no secunda su defensa de la democracia ilegal". Ha denunciado que la Mesa del Parlament se haya negado hoy a informar del formato de la sesión de investidura y sobre el posible voto delegado. "Volvemos a las peores épocas de Carme Forcadell", ha dicho en referencia a la actitud del presidente del Parlament, Roger Torrent, cuyo "talante" moderado "ha durado tres días".

Los comunes, contra Santamaría

Por parte de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha denunciado un nuevo episodio de judicialización de la Justicia, en relación al anuncio del Gobierno de impugnar la candidatura de Puigdemont. "Nos parece muy grave que el Gobierno no se siente a hablar con el presidente del Parlament para salir del bloqueo", ha dicho la diputada de los comunes.  No obstante, ha avisado de que "forzar el reglamento del Parlament provocará una investidura simbólica, Es necesario buscar un presidente que pueda presidir y un gobierno que pueda gobernar".

Por ello, Alamany cree que es necesario emplazar a JxC y ERC a poner en marcha un gobierno que saque el autogobierno de las zarpas de la señora Santamaría", en alusión a la vicepresidenta del Gobierno quien, recuerdan, "se vanaglorió de descabezar los partidos independentistas". "Vista la línea tan fina entre la política y el poder judicial, toca hacer un ejercicio de responsabilidad para ver cómo se desencalla esta situación. La prioridad es acabar con la aplicación del 155".