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Protesta independentista de los CDR ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña / EUROPA PRESS

Ofensiva de juristas contra la presión “indepe” al Supremo

Impulsan un manifiesto en el que defienden la imparcialidad del sistema judicial español y rechaza las intromisiones en el tribunal que juzgará a los procesados por el 1-O

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La Justicia española es garantista y, por tanto, los independentistas que se sientan en el banquillo tendrán un juicio justo. Así lo afirma un manifiesto en el que se rechazan las intromisiones de determinados sectores políticos, así como sus críticas prematuras ante la vista oral por la causa del procés que se reanudará en los próximos días en el Tribunal Supremo.

Se trata de un texto completamente despolitizado y consensuado con diferentes sectores judiciales españoles. En este sentido, el manifiesto pretende lograr con el apoyo de asociaciones, no solo catalanas, sino de todo el ámbito nacional. Se trata de una iniciativa de Llibertats, colectivo de juristas catalana cuyo objetivo es que el debate público recupere el rigor jurídico perdido, y enmarcarlo en el respeto a las leyes y los tribunales. Defender, en definitiva, el Estado del Derecho dentro del entorno jurídico catalán.

El presidente Quim Torra y el consejero de Interior Miquel Buch, rodeado de diputados y del resto de miembros del Govern, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña / CG

Quim Torra y el consejero de Interior Miquel Buch, rodeado de diputados y del resto de miembros del Govern, ante la sede del TSJC

El manifiesto, al que ha tenido acceso Crónica Global, recuerda que “nuestro sistema constitucional garantiza, mediante el principio de tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso justo con todas las garantías”. En consecuencia, añade, “el ordenamiento jurídico español regula un sistema procesal que permite que cualquier ciudadano tenga derecho a un juicio justo a través de un tribunal independiente, que garantiza sus derechos y muy especialmente el ejercicio del derecho a la defensa”.

Dentro de esas garantías “el derecho a un juicio justo está incorporado al derecho español en diferentes tratados internacionales, y especialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y elevado a rango de pauta de interpretación de todo el ordenamiento jurídico en materia de derechos fundamentales en el artículo 10 de nuestra Constitución”.

Acto organizado por el Col.lectiu Wilson y Drets en el Colegio de Abogados para pedir la liberación de los presos del independentismo / EFE

Acto organizado por el Col.lectiu Wilson y Drets en el Colegio de Abogados para pedir la liberación de los presos del independentismo

Igualmente está incorporado, recuerdan, al ordenamiento jurídico español “el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantizan, junto con el resto del articulado, la existencia de un juicio justo”.

En este sentido, el manifiesto subraya que “España ha suscrito e incorporado al ordenamiento jurídico no sólo los tratados antes mencionados, sino también los sistemas jurisdiccionales para el control del cumplimiento de los mismos, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por todo ello, los juristas firmantes afirman, ante la continuidad del juicio a los independentistas procesados que se celebra en la Sala Segunda del Supremo, que “la legislación española garantiza a cualquier ciudadano un juicio justo, permitiendo además el ejercicio del derecho al recurso a través del acceso a todos los organismos, tanto en la jurisdicción nacional como internacional, para corregir los errores que puedan producirse”.

Presión al Estado de Derecho

Asimismo, expresan su confianza en “la imparcialidad de nuestro sistema judicial”, por lo que hacen un llamamiento a “evitar críticas prematuras a nuestros tribunales que pueden suponer una forma de presión impropia de quien dice defender el Estado de Derecho”.

Por todo ellos, instan a que “cesen las intromisiones que desde el poder político se vienen efectuando para cuestionar, con carácter previo, la sentencia que deberá dictar la Sala Segunda del Tribunal Supremo y se permita trabajar a la justicia con la independencia que es necesaria para la obtención de un juicio justo y por lo tanto una sentencia ajustada a derecho”. Una sentencia que “sea cual sea, gracias a nuestro sistema de garantías, será recurrible por quien no la considere ajustada a derecho. Y lo será ante las diferentes instancias, incluidos los Tribunales Internacionales, garantes del escrupuloso respeto a los principios que rigen un juicio justo y los derechos del justiciable”.