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El 'conseller' de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez Cambray, visitando la escuela de Canet de Mar donde una familia pide ejecutar la sentencia del 25% de castellano / EFE

¿Odio o libertad de expresión? Los tuits de acoso a la familia de Canet

Mientras la fiscalía estrecha el cerco a conocidos ‘haters’ independentistas, Plataforma per la Llengua y la AFA de Canet de Mar niegan coacciones al niño cuyos padres piden enseñanza en castellano

5 min

“Queremos saber el nombre y dirección de la familia”, “hacedle el vacío, el niño solo todo el rato en clase de castellano”, “bullying hasta que se vaya”, “me apunto a apedrear la casa de este niño”. Estos son algunos de los tuits dirigidos contra un niño de 5 años que la Fiscalía de Odio y Discriminación investiga. Plataforma per la Llengua los considera “libertad de expresión”, mientras la asociación de familias de alumnos de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, donde está escolarizado el alumno, niega acoso y ha emprendido acciones legales contra Ciudadanos, PP y Vox por acusarles de ese delito.

Tuit de odio contra un niño que pide la escolarización en castellano
Tuit de odio contra un niño cuya familia pide la escolarización también en castellano

Pero el Ministerio Fiscal mantiene abiertas sus diligencias e incluso estrecha el cerco a conocidos haters independentistas que se sumaron a ese tipo de linchamiento a la familia de Canet por pedir la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de horario lectivo en castellano. Según un escrito al que ha tenido acceso Crónica Global, la Fiscalía de Delitos de Odio ha dado traslado de la investigación a la Fiscalía de Girona sobre el historiador y periodista Jaume Fàbrega (@JaumeFabrega) y el portavoz de Mossos per la Independència, Albert Donaire (@albertdomcat), conocidos activistas en las redes sociales, para que continúe con las indagaciones.

Jaume Fàbrega, gastrónomo y bloguero, propone apedrear la casa de un niño cuyos padres pidieron la escolarización en castellano
Jaume Fàbrega, gastrónomo y bloguero, propone apedrear la casa de un niño cuyos padres pidieron la escolarización bilingüe

El primero es autor del escrito “me apunto a ir a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odien”. Donaire, por su parte, sentenció: “Este niño debe encontrarse absolutamente solo en clase. Las horas que se realizan en castellano, los demás niños deberían salir de la clase. Reaccionamos o nos matan la lengua". La Fiscalía de Lleida investigará a quienes se ocultan bajo el perfil @aanapu y @Magihidebrandt mientras que la de Tarragona se centrará en @adamdeosdad.

Tuits de la AFA de la escuela de Canet de Mar
Tuits de la AFA de la escuela de Canet de Mar

De esa sentencia del TSJC arranca toda una ofensiva de la Consejería de Educación consistente en intensificar la inmersión, mientras que Plataforma per la Llengua --la autodenominada ONG del catalán, que disfruta de sustanciosas subvenciones de la Generalitat--, presenta asesoramientos a los tuiteros investigados a raíz de una denuncia de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), que asesora a los padres que rechazan la inmersión. Esta entidad puso en conocimiento de la fiscalía el pasado 10 de diciembre las reacciones que en las redes sociales tuvo que soportar la familia de Canet que solicitó la escolarización bilingüe. Entre ellas, los tuits del grupo de Twitter creado por algunos padres y madres del centro para evitar la aplicación de la sentencia denominado El Turó, en català!.

fabrega
Tuit de Jaume Fàbrega contra el niño de Canet

El fiscal especializado en delitos de odio abrió diligencias informativas por lo que calificó de “execrables actos de linchamiento moral y atentado contra la seguridad personal y familiar”.

También advertía el fiscal de que el principal responsable del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 16 de diciembre de 2020 es el consejero de Educación, “sin perjuicio de las consecuencias penales que puedan arrastrar los directores de centros educativos”.