El objetivo de déficit rompe el idilio entre Aragonès y el Gobierno

Gobierno y Generalitat discrepan sobre el aumento del gasto que permite la flexibilidad de los objetivos de estabilidad presupuestaria aprobados por el Ministerio de Hacienda. Así, mientras la vicepresidencia económica que dirige Pere Aragonès calcula una cifra extra de 72 millones, el Ejecutivo la eleva a 270 millones. Según ha podido saber Crónica Global, el ministerio ha insistido en que el Govern se equivoca e incluso sospecha que la consejería catalana pretende minimizar las ventajas de esa ampliación en dos décimas del objetivo de déficit por motivos identitarios. Pero es que, además, esa disparidad ha generado nuevos roces entre ERC y Junts per Catalunya (JxCat).

El Ejecutivo español aprobó una flexibilización de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2020, que en el caso de las comunidades autónomas pasa del 0% a un 0,2% del PIB. En Cataluña, esas dos décimas representan unos 470 millones. En aplicación de la regla de gasto, de esa cifra, unos 200 millones irían destinados a pagar deuda, mientras que otros 270 millones corresponderían a gasto no financiero. Estos son los cálculos que el Ministerio de Hacienda ha hecho para Cataluña, pero por motivos que han sorprendido al Gobierno, la Generalitat asegura que son 72 millones, y no 270 millones, los que se pueden utilizar para ampliar las partidas.

Desconfianza también entre Junts y ERC

Fuentes del Gobierno aseguran que ese cálculo es incorrecto y sospechan de que, en realidad, lo que pretende el Govern es subestimar la medida de flexibilidad aplicada. Una sospecha que torpedea el “idilio” que mantiene el vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonès, con el Ejecutivo español desde que ERC negoció la investidura de Pedro Sánchez con el PSOE. Fuentes de la Consejería de Economía explican a este medio que esa flexibilidad presupuestaria se debe aplicar sobre el gasto ejecutado en 2019 y que esa cifra todavía no se ha calculado. El departamento permanece a la espera del informe definitivo sobre el cierre del ejercicio, previsto para el mes abril, por lo que esa cifra de 72 millones está abierta.

Se da la circunstancia de que no solo el Govern defiende esa cantidad, sino también Catalunya en Comú-Podem, que gobierna en coalición con el PSOE en Madrid. La diferencia de criterio ha sorprendido en los debates presupuestarios, donde la desconfianza del Gobierno sobre los cálculos catalanes se ha hecho extensiva a los propios socios del Govern, que como se sabe, mantienen una convivencia imposible a la espera de elecciones. Así, JxCat cree que ERC le está ocultando algo con esa diferencia de ampliación del gasto, según indican fuentes soberanistas.

La diputada del PSC, Alícia Romero, en el Parlament / CG

A juicio de la diputada de PSC-Units Alícia Romero, con esos 270 millones se podrían ampliar partidas sociales que el Govern ha minimizado en los presupuestos de la Generalitat para 2020. “Por ejemplo, de los 13 millones que se dedican a política industrial y automoción se podrían pasar a 34 millones con esa flexibilización, y de los 13 millones previstos, a los 20 millones”, explica. O destinar gasto a ámbitos ignorados por las nuevas cuentas catalanas, como pobreza infantil (los socialistas proponen 20 millones) o desplegar el pacto contra la segregación escolar (20 millones).

El PSC, a favor de reasignar partidas

Romero también propone asignar, de esos 270 millones, un total de 30 millones para reducir las listas de espera, 30 millones a la escuela inclusiva, 30 millones a la mejora de la calidad del sistema universitario catalán y otros 26 millones a políticas de vivienda. Todo ello con la finalidad de revertir los recortes aplicados por el Gobierno de Artur Mas. “Hemos perdido una década porque el Govern no ha sido capaz de aprovechar los seis años de crecimiento económico para mejorar las condiciones de los catalanes y catalanas”, afirma la diputada socialista.

En paralelo, los socialistas proponen, vía enmienda, reasignar 202 millones de los presupuestos de 2020, recortando partidas destinadas a trabajos récnicos, atenciones protocolarias, dietas y, sobre todo, al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), que supone un gasto de 125 millones.

Precisamente hoy se reúne la Comisión de Economía y Hacienda para aprobar los dictámenes del proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2020 y el proyecto de la ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. Es el paso previo a su aprobación definitiva en el Pleno convocado en el Parlament los días 18 y 19 de marzo.