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Operativo de la Guardia Civil que se ha saldado con nueve CDR detenidos. Imagen del artículo 'Principio de prudencia' / EUROPA PRESS

"Ni en Euskadi en el peor momento el Gobierno vasco atacó a la Guardia Civil"

Asociaciones de los cuerpos de seguridad del Estado condenan la resolución del Parlament que pide echar a la Benemérita de Cataluña

26.09.2019 22:59 h.
7 min

El malestar en el cuerpo de la Guardia Civil es enorme. La percepción es que el trabajo que realizan sus agentes en Cataluña, bien valorado por los otros cuerpos de seguridad, queda en saco roto cuando se pronuncian los dirigentes de los partidos independentistas. Y que ese desprecio no podía llegar más lejos que con una resolución en el Parlament, votada este jueves, que pide “la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil”. ¿Qué supone, más allá de que es un pronunciamiento puramente político? “Ni en el País Vasco en el peor momento el Gobierno vasco atacó así a la Guardia Civil con un pronunciamiento de esas características”; señala David Hernández, presidente de Politeia, una asociación que agrupa a agentes de los Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía local y efectivos de la Policía Portuaria.

El cuerpo de la Guardia Civil, que dirige Félix Azón en toda España, y el general Pedro Garrido en Cataluña, como jefe de la VII Zona, vive una situación complicada en un territorio que puede sufrir, de nuevo, una convulsión en vísperas de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los dirigentes independentistas catalanes en prisión por el procés. Fuentes del cuerpo señalan que “aunque la cooperación es buena, con el resto de cuerpos de seguridad, con actuaciones bien coordinadas, el independentismo sigue señalando a los agentes”.

Investigación judicial

La resolución en el Parlament la considera David Hernández “una vergüenza” porque, a su juicio, rompe “la separación de poderes”. Es decir, si todo se debe a la operación acometida contra miembros de los CDR, que el juez ha enviado a prisión, tras una larga investigación, “¿qué pasaría entonces con operaciones que realicen los Mossos d’Esquadra u otros cuerpos?” Hernández considera que el independentismo no puede cargar contra la Guardia Civil cuando “se trata de una investigación judicial, porque hacerlo significa que prima la ideología de unos políticos que deberían respetar esas actuaciones que dicta un juez”.

La resolución en el Parlament la habían impulsado Junts per Catalunya y ERC. La CUP se sumó a la propuesta, mientras que Catalunya en Comú-Podem se abstuvo. Y Ciudadanos, PSC y PP votaron en contra. Eso significa que la Guardia Civil es objeto de la división entre el bloque independentista y el no independentista, con la posición ambigüa, como ha ocurrido en todo el proceso soberanista, del espacio de los Comuns.

Quim Torra durante su intervención en el debate de política general en el Parlament / EFE
Quim Torra durante su intervención en el debate de política general en el Parlament / EFE

Despliegue por parte del Estado

El Ministerio de Interior mantuvo, tras conocer esa resolución, un silencio prudencial. También la Delegación del Gobierno en Cataluña, aunque pudo comprobar cómo el Govern de Quim Torra se guarda las espaldas. Fue el departamento de Interior de la Generalitat el que anuló una reunión de coordinación de los distintos cuerpos de seguridad para que no se pudiera comprobar que está en misa y repicando. Los consejeros del Govern intentan mantener una imagen de gobierno, pero los parlamentarios que le dan apoyo en el Parlament, exconvergentes, independientes que obedecen a Puigdemont y republicanos, toman decisiones como la de este jueves. A última hora de la noche de este jueves, el Gobierno señalaba que impugnaría las decisiones tomadas en el Parlament, y que podrían llegar este mismo viernes en el consejo de ministros.

El malestar de la Guardia Civil se ha incrementado con esa votación, aunque no tendrá efectos prácticos. Hernández recuerda que la competencia del despliegue de los agentes es del Gobierno central. El Estado cuenta en Cataluña con 3.549 agentes, de ellos 1.960 en Barcelona; 602 en Tarragona; 556 en Girona y 431 en Lleida. Pero hace tres años contaba con 3.216. Y es que se aumentó la plantilla en 333 agentes en ese tiempo, al considerar que es más necesario su trabajo.

Independentistas convocados por los CDR se concentran junto al cuartel de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia de Barcelona / TWITTER
Independentistas convocados por los CDR se concentran junto al cuartel de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia de Barcelona / TWITTER

"Independentismo radical autócrata"

Ese aumento es circunstancial, porque Cataluña es la autonomía en la que se ha producido, en los últimos años, el mayor repliegue respecto a los agentes de la Guardia Civil. Es, de hecho, la Comunidad Autónoma con menos agentes por cada 1.000 habitantes. En el País Vasco, donde también existe una policía autonómica, la presencia de la Guardia Civil es proporcionalmente mayor que en Cataluña.

Pedro Garrido ha señalado que el cuerpo se enfrenta en Cataluña a una enorme presión. Lo dijo hace unos meses, en el acto de conmemoración en Cataluña del 175 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, en la sede de la Comandancia del cuerpo en Cataluña, en Sant Andreu de la Barca. “Somos el cuerpo que hoy en día está enfrentado al terrorismo; al independentismo radical autócrata, sectario y supremacista; al crimen organizado y a todas las formas de actuación contra el Estado, tal como lo concibe y estipula la Constitución”. 

Hijos de guardias civiles

En ese mismo municipio se produjo uno de los incidentes más polémicos tras las cargas policiales del 1-O, el referéndum ilegal que se convocó en 2017. Varios profesores fueron denunciados por un presunto delito de odio y contra la integridad moral de los alumnos.

Fueron acusados de menospreciar a estudiantes hijos de guardias civiles, justo después del referéndum. El juzgado de instrucción número 7 de Martorell archivó, sin embargo, las tres denuncias que estaban abiertas.