La caída de la natalidad reabre la guerra escuela pública-concertada

Las sombras de la guerra enseñanza pública-concertada (mayoritariamente católica) han vuelto con la polémica de los centros subvencionados que segregan por sexo. Una pieza más ante el nuevo escenario que plantea el hundimiento de la natalidad. Según las proyecciones del INE, en los próximos diez años habrá 800.000 escolares menos y deberán cerrarse unas 35.000 aulas. En la siguiente década, la merma obligará a reducir otras 45.000.

El debate, con el tema de fondo de qué sector echa los cerrojos, se ha trasladado a la política y tomado la calle con multitudinarias movilizaciones de defensores y detractores de los conciertos en Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura. Desencadenante: la decisión de sus ejecutivos (con gobiernos del PSOE en minoría y peculiar apoyo de Podemos o C’s) de recortar el pago a los colegios privados en lugar de cerrar públicos.

Los defensores del sistema público sostienen que la administración sólo tiene la obligación de facilitar plazas en centros privados a los escolares que no dispongan de ellas en la escuela pública. Por el contrario, los partidarios de la concertada argumentan que la Constitución consagra el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos. Y ello sólo puede hacerse mediante las correspondientes subvenciones.

Aulas por sexos

Los tribunales mantienen que los centros públicos y concertados han de ser considerados recursos del mismo nivel, sobre todo tras la promulgación de la LOMCE. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha suspendido la decisión del ejecutivo de Susana Díaz de dejar de financiar 23 centros privados que segregaban por sexo argumentando que así se salvaban otros tantos públicos.

En España hay unos 160 colegios con este tipo de educación diferenciada entre niños y niñas, la mayoría en la órbita del Opus Dei. Estos centros no llegan llega al 3% de los centros concertados, menos que en Estados Unidos e Inglaterra.

Quince de ellos están en Cataluña, pero no hay un movimiento sustantivo en contra por parte de la teórica izquierda. Al apoyo de los exconvergentes se suma el de ERC y el diputado del JPS Lluís Llach. De hecho, la consellera de Enseñanza, Meritxell Ruiz, fue alumna de una de esas escuelas de élite en Tarragona. No obstante, la demanda de la escuela pública ha crecido en los últimos años y el próximo curso casi igualará a la concertada.

Modelo felipista

La recurrente polémica tiene su origen en 1985 con la promulgación de la LODE. El Gobierno socialista de Felipe González quiso universalizar la educación pública y gratuita, pero no había colegios públicos suficientes ni fondos para construirlos. Tiró de los centros privados, a los que pagaría los salarios de los docentes y otros gastos generales a cambio de que se integrasen en el sistema público. Compartiendo derechos y deberes, al menos en teoría.

Treinta y dos años después, según datos el Sindicato Independiente de Enseñanza (FSIE), la red concertada ha crecido en detrimento de la pública, hasta llegar a dos millones de alumnos y unos 190.000 profesores repartidos en 5.500 centros, de los que 4.448 son religiosos. Suponen un coste a las arcas públicas de casi 5.000 millones de euros anuales si se añade el capítulo del profesorado de religión, según Europa Laica. Pero las patronales de la enseñanza concertada consideran que la financiación es “insuficiente”, y que se mantiene estancada en los niveles de 2008.

Alumnos seleccionados

La LOMCE, única ley educativa del PP, está siendo descafeinada en otros capítulos por la minoría parlamentaria del partido de Rajoy. Pero mantiene el privilegio de la elección de centros privados, en su propia letra y al favorecer la cesión de suelo público,  según los sindicatos CCOO y UGT y la confederación laica de padres CEAPA.

“La enseñanza concertada está llevando a cabo una selección del alumnado”, denuncian. Esgrimen que apenas tiene escuelas en zonas rurales, municipios pequeños y extrarradios de los grandes, “zonas no rentables”.  Además --según un reciente estudio de la OCU-- casi todos los estos centros cobran cuotas adicionales, que no deberían cobrar al estar financiados con fondos públicos, por determinados servicios (aumento de horario, seguro escolar, gabinete psicopedagógico, atención médica, etc.) que se ofrecen sin opción a renunciar a ellos.

Pacto complicado

Las posiciones enfrentadas hacen especialmente complicado el pacto de Estado en materia educativa por el que apuestan todos los partidos. Está siendo un punto con enconadas discrepancias en la comisión creada en el Congreso de los Diputados que ofrecerá sus conclusiones pasado el verano.

“Hay centros públicos agonizando por falta de alumnado mientras se conciertan unidades con el centro privado de al lado, y esto lo hicieron y lo siguen haciendo gobiernos de derechas y de izquierdas”, subraya Alfredo Aranda, del Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE).

“El concierto no es un derecho. El derecho es tener una plaza en la educación obligatoria”, defiende el consejero de Educación de la Comunidad Valencia, Vicente Marzà. Su decisión de eliminar 32 unidades de la concertada echó a la calle hace unas semanas a más de 40.000 padres y docentes del sector privado.

“El Gobierno autonómico quiere exterminar la concertada de una manera muy sibilina”, asegura Javier Sebastián, portavoz de la plataforma Libertad de Enseñanza 27.1. El añadido hace referencia a este artículo de la Carta Magna que reza: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”.

Las leyes, con sus fugas e interpretaciones, dan para casi todo.