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Roser Bach --segunda por la izquierda--, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto a Artur Mas y Miguel Ángel Gimeno, expresidente del TSJC (d) / CG

El nacionalismo catalán se borra del poder judicial

ERC y JxCat critican el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, pero renuncian a negociar un cargo en este órgano, donde CDC jugó un papel esencial antes del 'procés'

5 min

Tanto ERC como Junts per Catalunya (JxCat) reclaman la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces que permanece bloqueado desde hace dos años. Sin embargo, los partidos independentistas se mantienen al margen de las negociaciones de los partidos, pues la selección de los 20 vocales del CGPJ requiere de la mayoría de tres quintas partes del Congreso de los Diputados. ERC, con sus 13 diputados, podría jugar esa carta con PSOE y Podemos. Pero fuentes de los republicanos aseguran que, de momento, no hay intención de luchar por un puesto en el Consejo, donde Convergència tuvo un papel determinante antes del procés.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes / EFE
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes / EFE

No será fácil abordar esa reforma, dada la aritmética parlamentaria. Un total de nueve grupos firmaron un comunicado en el que acusan a PP de impedir esa renovación del CGPJ --ahora con mayoría conservadora--. Fuentes judiciales conocedoras de las negociaciones entre los dos partidos mayoritarios explican que los populares se empeñan en un reparto igualitario --10 vocales propuestos por cada partido--, mientras que los socialistas quieren tener la mayoría.

Podemos pide paso

Sin embargo, Podemos no renuncia a tener presencia en ese Consejo, por lo que el PSOE tendrá que decidir si cuenta con sus socios de investidura o si sigue adelante con las negociaciones que, de forma bilateral, han mantenido el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, y el consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Ciudadanos, por su parte, siempre había rechazado participar en ese mercadeo judicial, aunque esa postura fue marcada por Albert Rivera y no se descarta que su sucesora, Inés Arrimadas, pueda cambiar de parecer. Vox, por su parte, se ha desmarcado completamente.

Entre esos socios de investidura está ERC. Pero los republicanos no han demostrado interés en influir en el gobierno de los jueces. Ni en la mesa de diálogo ni en sus contactos con el PSOE. Un desapego hacia las instituciones judiciales que contrasta con las duras críticas de los independentistas a la Justicia española. ERC estaría en posición de negociar con sus 13 diputados, no así Junts per Catalunya, ya desgajados de PDECat debido a sus luchas cainitas, de forma que, ahora mismo, cada sector convergente tiene 4 diputados en el grupo mixto. Los neoconvergentes tampoco quieren entrar en el juego, algo que dista mucho de épocas anteriores.

Los polémicos candidatos de CDC

Roser Bach representa a CiU desde 2013 en un Consejo que, entre otras funciones, elige y destituye jueces. Si el magistrado Manuel Marchena preside hoy la sala penal del Tribunal Supremo que juzgó y condenó a los dirigentes secesionistas es gracias al apoyo de Convergència a la propuesta de los vocales conservadores del PP.

Los candidatos de CiU siempre han estado abonados a la polémica. Bach, casada con el exconsejero de Justicia  Germà Gordó --que está implicado en el caso 3%--, accedió en octubre de 2018 a una plaza en la Sección de Apelación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por antigüedad, ese puesto habría sido asignado a otros magistrados. En febrero de este año, el Supremo anuló la plaza adjudicada a Bach. Lluís Pasqual Estevill, implicado en un escandaloso caso de corrupción, y Mercè Pigem, sorprendida por la Guardia Civil entrando en España desde Andorra con 20.000 euros, también fueron vocales a propuesta de los convergentes. Ramon Camp apareció en el sumario del caso 3% y Alfons López Tena mutó en acérrimo independentista, para luego abjurar del procés.