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Maria Antònia Munar, en una imagen de archivo

Munar y otros dos ex altos cargos, culpables de cobrar un soborno de 4M por adjudicar unos terrenos

La confesión y el arrepentimiento tampoco sirven como atenuante; son cuatro años de cárcel

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De nada han servido lágrimas ni arrepentimientos. "No sólo estoy privada de libertad física, sino que estoy muerta política, económica y socialmente", llegó a proferir la expresidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, durante el juicio celebrado esta semana por el cobro de un soborno de cuatro millones de euros de la promotora Sacresa a cambio de serle adjudicados los terrenos palmesanos de Can Domenge.

El tribunal del jurado que ha presenciado la vista oral lo tiene claro. Ha declarado culpable a la que fuese dirigente histórica de Unió Mallorquina (UM), partido regionalista que durante años tuvo la llave de las principales instituciones de Baleares y que fue disuelto en 2011 ante las numerosas causas de corrupción que se acumulaban a sus espaldas, y le ha negado todas las atenuantes a las que pretendía acogerse la acusada. 

Dos millones para Munar

Los miembros del jurado no han dudado y, por unanimidad, han determinado probado que Munar, una de las mujeres españolas que mayor trayectoria política acumuló durante décadas -en 1979 se convirtió en la primera alcaldesa de Baleares, con 24 años- hasta que su imputación en varios casos la llevaron a dimitir de todo cargo, obtuvo al menos dos millones de euros de la dádiva pagada por la empresa catalana.

Es más, consideran que el escrito de confesión que presentó a un día del juicio y su posterior declaración durante la vista oral no pueden ser tenidas en cuenta a la hora de atenuar su posible condena, puesto que no aportó ningún dato relevante ni esclarecedor para las investigaciones. 

Cuatro años de cárcel

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción reclama para ella cuatro años de cárcel, diez de inhabilitación y siete millones de multa. El Ministerio Público asevera que su petición habría sido mayor de no ser por el hecho de que Munar se encuentra en prisión cumpliendo elevadas condenas por otras causas de corrupción. 

La que fuera conocida como sa princesa (la princesa) pidió perdón en su turno a la última palabra pero el fiscal se dirigió al jurado para pedirle que no se dejara intimidar por el "sufrimiento" de la expolítica mallorquina. Y fue rotundo al respecto: "La responsabilidad de ese sufrimiento no es de los que hacen cumplir la ley, sino del que se aprovechó de su cargo para saltársela". 

Junto a Munar también se han sentado en el banquillo el que fuese su delfín político, Miquel Nadal, el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, el propietario de Sacresa, Román Sanahúja, y la persona que medió en la entrega del dinero de Sacresa, Miquel Llinàs. Todos ellos también han sido declarados culpables de intervenir en los hechos, si bien ya lo habían reconocido anteriormente.

Tal y como han reconocido, los tres ex altos cargos se pusieron de acuerdo, aprovechando su posición en el partido y en el Consell de Mallorca, para exigir a Sacresa cuatro millones si quería ver garantizada la adjudicación de los terrenos. Para ello, la empresa catalana debía abonar dos millones antes de la concesión y otros dos antes de la firma definitiva del contrato.

Dinero transportado en bolsas

El dinero fue transportado en una bolsa y tanto de su recogida como de su entrega se encargó Llinàs, quien cobró por ello 35.000 euros. Los acusados han admitido que una parte del soborno fue destinado a sufragar la campaña electoral de UM en 2007. 

El 26 de febrero de 2010 se recordará como un día histórico en Baleares: Munar anunció su dimisión como presidenta del Parlamento y su retirada de la vida política después de que el propio Miquel Nadal la acusara de haber recibido 300.000 euros en un sobre en su coche oficial para comprar, mediante testaferros, el 50 por ciento de acciones de una de las productoras que más dinero recibía del Consell de Mallorca. Se encuentra en prisión desde el 24 de julio de 2013.