Los principales ayuntamientos de ERC piden una moratoria en los alquileres

Cinco ayuntamientos de Cataluña capitaneados por Esquerra Republicana (ERC) pedirán que se imponga una moratoria del pago de los alquileres durante el tiempo que dure la crisis sanitaria originada por el coronavirus. Defienden que esta medida, muy debatida desde que se iniciara el estado de alarma, ayudaría a "dar aire a familias, empresas, autónomos y comercios" que se han visto afectados económicamente por los efectos del Covid-19.

Los primeros ediles que respaldan esta iniciativa son Mireia Ingla (Sant Cugat del Vallès); Agnès Lladó (Figueres); Olga Arnau (Vilanova i la Geltrú); Miquel Pueyo (Lleida) y Pau Ricomà (Tarragona). Son los cinco consistorios mas importantes que controla ERC en todo el territorio catalán.

Acuerdo entre particulares

Los alcaldes republicanos están de acuerdo en que muchos de sus conciudadanos "han visto cómo sus ingresos y facturación se han reducido drásticamente de un día para otro" a causa de las medidas decretadas por el Gobierno para reducir la propagación del coronavirus. Por ello, proponen que arrendadores y arrendatarios pacten dicha moratoria. 

Esta iniciativa englobaría tanto los alquileres de vivienda como de locales comerciales y de oficinas. La idea principal es que los propietarios y los inquilinos "se pongan de acuerdo, a nivel particular, para posponer el pago mientras que se mantenga el estado de alarma". Animan, además, a "renegociar" la renta "en función de los ingresos familiares y la facturación" de los afectados. 

Debate en el Gobierno

La cuestión de cómo gestionar el pago de los alquileres durante el confinamiento por coronavirus también se debate en el Ejecutivo. En el próximo Consejo de Ministros se debatirá una propuesta liderada por el PSOE que constaría de un plan de créditos sin intereses para aquellas personas que no pueden hacer frente al alquiler mensual. 

El montante total de estos créditos --en los que el Estado actuaría como aval-- sería de 100 millones de euros, solo podrían ser empleados para hacer frente a la renta inmobiliaria y tendrían un periodo de devolución de hasta seis años.