Rivera se dirige a Montoro durante el debate en el Congreso sobre el cupo vasco / EFE

Rivera se dirige a Montoro durante el debate en el Congreso sobre el cupo vasco / EFE

Política

Montoro insiste: el cupo no es un privilegio y la financiación autonómica se reformará en breve

El ministro de Hacienda asegura que el acuerdo no es “moneda de cambio” del apoyo del PNV a los presupuestos y al techo de gasto

23 noviembre, 2017 11:08

El cupo vasco no es un privilegio, según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Así se ha expresado durante el debate de este jueves para aprobar por la vía rápida en el Congreso la cuota vasca y las modificaciones en el concierto. Según el Gobierno, el acuerdo no es una “moneda de cambio” de nada, sino una “singularidad de la España plural”.

Montoro defiende así el pacto alcanzado con el PNV ante las críticas que lo tildan de “acuerdo político” a cambio del apoyo de los nacionalistas vascos a los presupuestos generales y al techo de gasto de 2018. El nuevo cupo vasco también ha generado polémica por su priorización sobre la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómico de régimen general –para todas las comunidades excepto Navarra y el País Vasco–.

En este sentido, el titular de Hacienda se ha comprometido a que la reforma llegue a principios de 2018 para que se reflejen en los presupuestos del año que viene. Ha pedido para ello el apoyo del PSOE y ha asegurado que ha sido la crisis que ha hecho “inviable” que se negociara antes.

1.300 millones anuales

Montoro ha explicado cómo es la fórmula para calcular la cifra que debe abonar el País Vasco por las competencias que le cede al Estado. El importe fijado en esta ocasión ha sido de 1.300 millones anuales, a los que se descuenta una cantidad cada año. El importe de las competencias del Estado, en realidad, ascienden a 185.000 euros.

El País Vasco, sin embargo, paga el 6,24%, lo que se calcula que pesa en la economía nacional. Al importe resultante, 11.000 millones, se hacen ajustes por ingresos no tributarios, los tributarios no concertados y el déficit público. Además, hay que restar los 1.400 millones que se calcula que el Estado debe devolver por lo que la comunidad ha pagado de más en los años en los que no había todavía nuevo cupo.