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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy / EFE

Moncloa insta a los funcionarios catalanes a pedir las órdenes por escrito

Un documento interno les recuerda que desobedecer la Constitución tiene consecuencias penales

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Moncloa ha lanzado un mensaje de aviso a los funcionarios catalanes ante las presiones del Gobierno de Carles Puigdemont: desobedecer su promesa de lealtad a la Constitución como cargo público puede conllevar responsabilidades disciplinarias e incluso penales.

En un argumentario interno al que ha tenido acceso Europa Press, Moncloa ha instado a los funcionarios que reciban órdenes contrarias a la Constitución a exigir a su superior jerárquico que sean por escrito. En el caso de que el superior persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar constancia de su parecer sobre la ilegalidad del asunto y echar mano de los recursos legales.

Apartados del puesto

Pautas de defensa jurídica como ésta se presentan en el mismo documento, confiando en que los trabajadores públicos no se arriesgarán a posibles sanciones y a ser apartados de un puesto que han logrado por oposición.

El texto destaca también que los funcionarios públicos que, en cumplimiento de su deber de lealtad a la Constitución desobedezca órdenes de sus superiores jerárquicos, no pueden incurrir en ninguna responsabilidad, cuando esas órdenes sean “claramente contrarias” al ordenamiento constitucional.

Victimismo de Puigdemont

El Ejecutivo del PP sostiene que está evitando contestar a cada una de las “provocaciones” de Puigdemont para no alimentar el victimismo del presidente catalán. Fuentes de la Moncloa lamentan que el Gobierno catalán “intente dar la vuelta” a la situación porque lo único que consiguen es trasladar a los funcionarios que tienen amparo legal y que pueden no obedecer una orden que vaya contra la Carta Magna y las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).

La tormenta sobre el papel de los trabajadores públicos ante un posible proceso separatista se desató por la negativa de los funcionarios a formar parte de la mesa de contratación de las urnas. Una postura ante la cual el Gobierno se ha visto obligado a recurrir a altos cargos de confianza política, pese a que se esfuerce en negarlo.

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