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El anuncio del referéndum del 1-O difundido por la CCMA

Las mentiras del Govern sobre la publicidad del referéndum

La Generalitat niega tener constancia de la campaña institucional del 1-O, a pesar del dictamen de sus asesores jurídicos, que han ordenado anular las facturas emitidas por la CCMA

18.07.2019 00:00 h.
6 min

Altos cargos del Govern reconocen la existencia de una campaña institucional sobre el referéndum del 1-O. Varios de ellos han declarado como imputados en un juzgado que investiga esa publicidad. Y la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat ha ordenado anular las facturas emitidas por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), ente gestor de TV3 y Catalunya Ràdio, por las irregularidades detectadas.

Sin embargo, el Ejecutivo catalán se empeña en asegurar en sede parlamentaria que no tiene constancia de su existencia. E incluso la ha ocultado en la memoria de Comisión Asesora sobre la Publicidad Institucional de 2017, a pesar de que el decreto que regula este órgano obliga a “informar preceptivamente las campañas de publicidad institucional de la Administración de la Generalitat y de las entidades y empresas públicas dependientes, así como informar de las campañas de alcance general que le remitan, con carácter facultativo, las otras administraciones públicas de Cataluña”.

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Informe de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat sobre el anuncio del referéndum del 1-O

Esa norma establece que la “Dirección General de Difusión Corporativa remitirá a la Comisión Asesora sobre la Publicidad Institucional todas las iniciativas de campañas de publicidad institucional, a los efectos que se emita el informe preceptivo”. En este envío “se incluirá un documento en el que se expongan los objetivos de la publicidad institucional proyectada y los rasgos básicos del contenido del mensaje publicitario”.

Los hombres de Torra

Al frente de esa comisión figuraban en 2017 Antoni Molons (presidente) e Ignasi Genovès (vicepresidente). El primero ocupaba entonces la secretaría de Difusión y Atención Ciudadana y, aunque fue imputado por el referéndum del 1-O, el presidente Quim Torra lo recolocó como secretario de Comunicación. Genovès, un hombre muy próximo a Artur Mas, se ha librado, de momento, del proceso penal y pasó de ser director general de Difusión a director de Medios de Comunicación.

La diputada de Ciudadanos Laura Vílchez preguntó al vicepresidente económico del Govern, Pere Aragonès –tras una reestructuración departamental ERC ostenta competencias en Difusión— el motivo por el que la Comisión Asesora sobre la Publicidad Institucional no valoró aprobar la campaña institucional del 1 de octubre.

Urnas y papeletas del referéndum ilegal del 1-O / MINISTERIO DEL INTERIOR
Urnas y papeletas del referéndum ilegal del 1-O / MINISTERIO DEL INTERIOR

La respuesta de Aragonès, publicada el pasado 29 de abril, fue, cuando menos, sorprendente: “No consta ninguna campaña publicitaria institucional como la se que describe en la pregunta parlamentaria”, afirma el dirigente republicano. Sorprendente porque esa campaña ha dado lugar a una investigación en el Juzgado de Instrucción número 13, donde han declarado como imputados los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente. Ambos confesaron la existencia de esa publicidad. Gordillo fue más allá y denunció las presiones recibidas para que el espot fuera emitido en su cadena.

Anulación de las facturas

El propio exconsejero de Presidencia Jordi Turull reconoció en el juicio sobre el referéndum del 1-O, que se celebra en el Tribunal Supremo, que ese anuncio era una campaña institucional y que había hablado con el entonces presidente de la CCMA, Brauli Duart. Asimismo, el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat 104/2019 de 5 de abril –que se puede leer en este enlace--, denuncia las irregularidades cometidas en el proceso, pues se hizo sin contrato y sin abrir el correspondiente expediente, por lo que ordena la anulación de las facturas emitidas.

“El anterior Govern de la Generalitat tenía constancia desde el 5 de octubre de 2017 de la reclamación de sendas facturas por importe total de 336.143,34 euros correspondientes a la contraprestación por la campaña publicitaria institucional”, explica Vílchez en un escrito enviado a la Mesa del Parlament, en el que, además afirma que el actual Gobierno catalán “conoce dicha circunstancia, al menos desde el 31 de enero de 2019, pues en dicha fecha la resolución de la consejera de Presidencia inicia el procedimiento administrativo que ha motivado dicho dictamen” de la CJA. Por ello, la diputada de la formación naranja insiste en preguntar a la Generalitat los motivos por los que niega la existencia de esa campaña de publicidad institucional del referéndum.

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