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El expresidente de la Generalitat Artur Mas / EUROPA PRESS

Mas se ve al borde del embargo: "Es el peor de los escenarios"

El expresidente puso su vivienda como garantía en previsión de que los avales del Govern fueran rechazados por el Tribunal de Cuentas, y denuncia "indefensión total y de arbitrariedad"

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"Indefensión total y de arbitrariedad". El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, considera que el rechazo del Tribunal de Cuentas (TdC) a aceptar los avales presentados por la Generalitat para los investigados por el 1-O le sitúa "el peor de los escenarios" posibles. Mas acusa al órgano fiscalizador de "arruinar a determinadas personas y determinadas familias comprometidas con unos ideales" políticos. 

En una rueda de prensa desde los jardines del Palau Robert de Barcelona, donde tiene su Oficina de expresidente, Mas ha lamentado que el tribunal no les haya dado "ni 48 horas" para presentar avales y que proceda directamente al embargo de sus bienes. 

Tasación de su vivienda

Ha explicado que con anterioridad a esa resolución preparó "un plan B" consistente en tasar su vivienda habitual, situada en la calle Tuset, para ponerla a disposición como garantía ante el TdC, aunque desconoce si será aceptada: "Puede que ni el plan B funcione. Entonces las consecuencias son drásticas: nos intervendrán las cuentas corrientes, los ahorros y hasta una parte del salario", ha concretado.

Los avales ahora rechazados cubrían la responsabilidad contable de 28 personas, entre ellas Mas y el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras o los exconsellers Raül Romeva, Francesc Homs o Andreu Mas-Colell.

Mas admite que la esperanza que tienen en el recurso presentado por la Generalitat "es cero porque, si han tardado tres meses para tomar una decisión y cuando la han tomado no dan ni 24 horas, qué confianza puedes tener en un organismo imparcial e independiente".

"Estamos a la intemperie"

"Estamos en la intemperie", ha lamentado el expresident catalán. No creee que el caso pueda archivarse a corto plazo, pese a que la delegada instructora del Tribunal de Cuentas Esperanza García tenga el mandato caducado.

El Tribunal de Cuentas rechaza los avales presentados por la Generalitat a través del Institut Català de Finances (ICF) al interpretar que la ley no permite dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración "que hubieran obrado con dolo, o culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros".