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El presidente de la Generalitat, Artur Mas

Mas intensifica su desafío al Tribunal Constitucional

La propuesta de acuerdo trasladada por JxSí a la CUP apela explícitamente a la resolución independentista del Parlament que fue anulada por el Alto tribunal

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El presidente de la Generalitat en funciones y líder de CDC, Artur Mas, está dispuesto a intensificar su pulso con el Tribunal Constitucional (TC) en relación al proyecto independentista.

Al menos, eso es lo que se deduce del contenido de la propuesta de acuerdo que Junts pel Sí --que integra a CDC y ERC-- ha trasladado este martes a la CUP, en la que se apela explícitamente a la resolución independentista anulada por el Alto tribunal el pasado 2 de diciembre.

Un acuerdo "fundamentado" en la resolución anulada

El texto señala que “el acuerdo [propuesto] se fundamenta en la resolución adoptada por el Parlamento de Cataluña, con fecha 9 de noviembre de 2015, relativa al inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015 (25000001/11)”.

Esta es la primera vez que CDC y ERC se apoyan de forma oficial, pública y por escrito en la resolución --que insta a la “desconexión” del resto de España-- después de su anulación por parte del TC.

El "deber de impedir cualquier iniciativa"

En caso de aprobarse, el acuerdo comprometería al Govern y a los diputados autonómicos de CDC, ERC y la CUP, lo que podría considerarse como una provocación o un desafío al Alto tribunal.

Cabe recordar que el auto de suspensión cautelar de la resolución --emitido el 11 de noviembre como respuesta a la impugnación del Gobierno-- recogía una amonestación a 21 cargos del Ejecutivo autonómico y del Parlament. Además, les advertía de que tenían el “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”, y les alertaba de “las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.

Suspensiones y multas

En este sentido, la Ley Orgánica del TC, recientemente reformada, también prevé la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que incumplan resoluciones judiciales, así como multas de hasta 30.000 euros que, además de a los citados, podrían imponerse a los particulares.

A pesar de todo, CDC y ERC han optado, de momento, por seguir actuando de espaldas a lo ordenado por el Alto tribunal, tensando un poco más la cuerda.